Mogán ya manifestó su descontento hace varias semanas, y ahora insiste en su suspensión. Según recoge Canarias7, ha presentado alegaciones insistiendo en que el plan es "contrario a la autonomía municipal", ya que establece "límites desmesurados y restricciones". Así, alerta de que es "ineficaz" porque "ordena de manera genérica e indiscriminada".
Por su parte, desde La Oliva temen que la normativa pueda "provocar la desaparición de la modalidad alojativa de los pisos turísticos". El ayuntamiento reclama un texto alternativo que "proteja, con proporcionalidad y equilibrio, los diferentes intereses existentes", y permita la convivencia entre la actividad turística convencional y la vivienda vacacional".
En San Bartolomé de Tirajana se muestran especialmente críticos contra el requisito de reservar el 90% de la edificabilidad residencial prevista con destino exclusivo a ese uso. El plan deja fuera a las viviendas turísticos, lo que para el municipio es una "imposición directa" cuando debería ser un criterio del planeamiento municipal.
En resumen, coinciden en que se trata de una ley "irreal" a la que califican de "regulación rodillo". La Oliva avisa de que "se está abocando a los ayuntamientos, de forma prematura, a un incumplimiento de la ley", ya que es "prácticamente imposible" de cumplir.
