El mortal "talón de Aquiles" no es otro que la imposibilidad de cumplir con el requisito municipal de Actividades Clasificadas. El motivo es sencillamente porque la Ley de Actividades Clasificadas se aprobó en el año 2011 y no contemplaba a la vivienda vacacional, cuyo Decreto 113 se aprobó en el año 2015. Desde entonces lleva la propia ASCAV solicitando sin éxito la modificación de la Ley de 2011.
De momento, CC y PP tienen claro NO aplicar "el modo canario de hacer política" y se proponen "pasar el rodillo" y aprobarla sin consenso de la única asociación que representa el sector, la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, prácticamente todos los sectores que se alimentan de la actividad, los partidos de la oposición, la sociedad y por supuesto, las miles y miles de familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional.
Lo escandaloso es que el Gobierno regional demoniza en Canarias la vivienda vacacional en su exposición de motivos para justificar la Ley (en más de 40 páginas) y, a nivel estatal ensalza sus bondades.
En la Declaración de Sevilla firmada por trece Comunidades Autónomas (todas gobernadas por el PP y también por Canarias), se cita textualmente:
"Tercero. Separar Vivienda y Turismo. Afirmamos que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables.
Las Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país."
Lo que recientemente se firma institucionalmente por el Gobierno de Canarias en la Declaración de Sevilla es todo lo contrario de lo que se está aplicando en las islas, donde el ejecutivo señala a la VV como culpable y responsable de la desigualdad y dificultades de acceso a la vivienda cuando, a nivel nacional se afirma todo lo contrario.
Informes exhaustivos del Colegio de Economistas de Las Palmas, del Consejo Económico y Social, así como de varios juristas de reconocido prestigio y aportados a la Consejería de Turismo y Empleo avalan justamente lo que ha venido defendiendo, demostrando y reivindicando la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV de manera insistente.
De aprobarse la Ley, tal y como está redactada y no tenerse en cuenta las enmiendas presentadas, las consecuencias serán catastróficas para miles y miles de familias canarias y residentes propietarias de una vivienda vacacional además de todas las empresas gestoras e intermediadoras de las mismas.
Si finalmente el Gobierno vota la Ley como está, el turismo dejará de ser de TODOS los canarios y seguirá en manos de unos pocos, los de siempre.
Significará más pobreza, más precariedad y expulsará a miles de familias canarias del negocio turístico a sabiendas que esta Ley no va a generar más viviendas residenciales para los canarios. Será una hecatombe a nivel económico y social.
El 67% de estas viviendas vacacionales nunca fueron ni se convertirán en alquileres residenciales, puesto que se encuentran en complejos turísticos residencializados (según informe del Colegio Economistas de Las Palmas). La gran mayoría de las VV registradas están en municipios turísticos, no en los residenciales, por lo que no detraen viviendas para residentes.
También se oculta la incapacidad de poner en el mercado las más de 211.000 viviendas vacías que existen en Canarias. Especialmente escandaloso es, que recientemente el Gobierno lanzara un proyecto dotado con más de 8 millones de euros para poner vivienda de alquiler residencial asequible en el mercado, con el resultado de conseguir tan sólo 1 inmueble. Es decir, un despilfarro de dinero público sin precedentes.
Por tanto, el único objetivo de esta Ley sólo puede ser plegarse a los grandes tenedores y fondos de inversión en contra de los intereses y el bienestar de muchísimas familias. ¿Por qué no se quiere diferenciar y proteger a los pequeños propietarios de VV? La respuesta es evidente, dejando "a los tiburones y a los boquerones en una misma pecera".
ASCAV espera y desea que en último minuto de descuento y en el Pleno Parlamentario, el Gobierno muestre un mínimo de sensibilidad con el devenir de miles y miles de familias propietarias de una vivienda vacacional y de todos los profesionales o empresas que las gestionan, los cuales en caso contrario y sin duda alguna, estarán condenados a desaparecer, engrosando las listas del paro.
Las consecuencias no serán sólo devastadoras para los propietarios particulares y las empresas que las gestionan, sino para la sociedad en su conjunto. Desaparecerán más de 2.000 millones de impacto directo que genera y factura en Canarias el sector de la VV, causando un agujero presupuestario en materia de impuestos, en IGIC y tramo autonómico de IRPF. Concretamente significaría prescindir de más dotación presupuestaria que la aprobada para vivienda y movilidad en el presupuesto de 2026.
Falta decir, que si hoy en día para las clases medias, familias canarias o jóvenes es caro viajar por las islas, a partir de la desaparición de las viviendas vacacionales, lo será aún mucho más por el ya previsible aumento de los precios.