En el caso de la capital tinerfeña bastaría con siete ediles, y el Partido Popular dispone de nueve, tras ser la lista más votada en las últimas elecciones locales. Los populares ya utilizaron este recurso el pasado mes de septiembre, obligando a convocar un pleno extraordinario sobre la situación de los servicios sociales en el municipio.
A partir de este momento, el alcalde dispone de quince días hábiles para convocar el Pleno, que en caso de negarse quedaría "automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente", según establece literalmente el apartado 2 del citado artículo de la Ley de bases.
La portavoz de los populares, Cristina Tavío, aseguró en rueda de prensa que en esta ocasión "la gravedad de los hechos exige una respuesta inmediata, y no podremos adoptarla sin conocer en profundidad lo ocurrido y debatir con transparencia una solución". "Lo fácil para el alcalde ha sido subirle la tarifa del agua a los vecinos", aseguró Tavío, "en lugar de exigir a la empresa el cumplimiento de las obligaciones contraídas cuando se le adjudicó el contrato".
En relación al reciente pronunciamiento del Supremo, que confirma la sentencia anulatoria del concurso de privatización de la empresa, los populares exigen una respuesta al alcalde sobre su ejecución, y defienden que "en ningún caso la solución puede incluir la devolución del canon a la adjudicataria".
En este sentido, mostraron su preocupación por el hecho de que el pasado mes de noviembre, "y antes de conocerse el fallo del Supremo", el Ayuntamiento provisionó en el cierre contable de 2011 una cantidad superior a los 44 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del litigio. "Confiamos en que se trate solo de un apunte para cumplir con la legalidad contable", aseguró el concejal popular Alexis Oliva, "y que detrás de este hecho no haya oculta una voluntad política del grupo de Gobierno".
Según el también popular Carlos Garcinuño, que compareció igualmente en la rueda de prensa, "es mucho lo que hay que aclarar en este asunto, y antes de tomar ninguna decisión los vecinos deben saber lo que ha ocurrido con la gestión de la empresa en los últimos seis años, por qué no se han invertido los 45 millones comprometidos, la verdadera situación contable o el posible desvío de subcontrataciones a sus filiales, una irregularidad que denunció el propio concejal de Servicios, Dámaso Arteaga".
Por este motivo insisten en la paralización de la subida de las tarifas que el Ayuntamiento prevé aplicar a partir del próximo mes de enero, así como cualquier medida laboral que afecte a la estabilidad de la plantilla.
En su convocatoria de Pleno Extraordinario, tal y como es preceptivo por ley, el Partido Popular plantea su propio orden del día, que incluye seis puntos sobre el expediente sancionador anunciado por Arteaga, el Plan de Inversiones, el estado de la red y la subida de tarifas, la situación de la plantilla de trabajadores, el cumplimiento y ejecución de la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo y las resoluciones propuestas por los grupos políticos.
