La formación considera que la situación de la vivienda en el municipio sigue agravándose y que ya no basta con los anuncios. El acceso a una vivienda en Adeje es hoy cada vez más difícil para buena parte de la población residente, en un contexto de subida de precios, presión inmobiliaria y expulsión progresiva de vecinos y vecinas que trabajan y desarrollan aquí su vida.
Los datos del mercado reflejan esa tensión. Según Idealista, el precio medio de venta en Adeje alcanzó en febrero de 2026 los 4.587 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 8,2 %, mientras que el alquiler medio se situó en torno a 19,8 euros por metro cuadrado. Para Podemos, estas cifras dibujan una realidad evidente: vivir en Adeje se está convirtiendo en un lujo para demasiada gente.
La moción recuerda que el 3 de abril de 2024 el Pleno de Adeje ya acordó solicitar al Gobierno de Canarias la declaración del municipio como zona tensionada al amparo de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Sin embargo, dos años después, esa declaración no se ha materializado públicamente.
Además, Podemos subraya que en las resoluciones trimestrales publicadas hasta la fecha por la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana no figura ningún municipio de Canarias entre las zonas tensionadas declaradas. En esa serie de resoluciones sí aparecen municipios de Cataluña, Euskadi y Navarra, pero no del archipiélago.
Para el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, Gabriel González, "Adeje no puede convertirse en un municipio inaccesible para quienes viven y trabajan aquí. La vivienda no puede seguir funcionando solo como un negocio mientras cada vez más gente tiene dificultades reales para quedarse en su propio municipio".
González añade que "si hace dos años el Pleno entendió que había que abrir esta vía, ahora toca saber en qué punto está, exigir que se mueva y dejar de mirar para otro lado ante una emergencia habitacional evidente".
La moción plantea pedir información actualizada sobre el estado de la tramitación, reforzar la colaboración institucional y avanzar en una herramienta que, sin ser la solución única, sí puede ayudar a contener los precios y proteger a la población residente.