Así lo considera la responsable de Política Social del PSOE de Canarias, Rosa Guadalupe Jerez, quien achaca a este objetivo las "continuas campañas de desprestigio de la Ley de Dependencia lanzadas desde los aparatos de comunicación del Estado".
"El PP quiere privatizar los servicios sociales, dejando la ayuda a los más débiles en las manos de empresas que se regirán por criterios de rentabilidad y no de impacto social", señala Jerez. La también diputada regional recordó que, desde que el Ejecutivo del PP llegó al poder, "400.000 dependientes moderados que debían haberse beneficiado de alguna ayuda no lo han hecho", algo que tachó de "medida profundamente antisocial" y que demuestra "su nula sensibilidad hacia la situación dramática de muchos ciudadanos". "Desde que gobiernan los 'populares', la aportación estatal a la Dependencia se ha visto reducida en un 30 por ciento, un porcentaje que, por desgracia, puede que vaya a más", añade.
En este contexto sitúa Rosa Guadalupe Jerez las últimas noticias aparecidas en medios de comunicación referidas a un número de ciudadanos fallecidos que aparecían como beneficiarios de esta ley, informaciones –recuerda- "emitidas desde el aparato de comunicación del Estado" y que constituyen, a su juicio, "una cortina de humo en toda regla para desprestigiar las políticas socialistas sobre Dependencia". Jerez recuerda que el informe preliminar del Tribunal de Cuentas que recogía estas cifras, elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, "todavía está en periodo de alegaciones", por lo que ruega al Gobierno que al trasladar datos de esta sensibilidad sea "claro y transparente".
Los socialistas canarios tienen claro que todos los recortes que ha venido aplicando el Ejecutivo central en materia de políticas sociales no hacen más que "poner en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores del sector de la ayuda a domicilio", apunta Jerez. El Gobierno está orientando su política en esta materia hacia un modelo residencial, beneficiando así a empresas privadas y acabando para siempre con las ayudas al entorno familiar", añade.
Por todo ello, la responsable socialista defiende la permanencia de la Ley de Dependencia impulsada por su partido como una iniciativa tendente a la "justicia social", "generadora de miles de puestos de trabajo" y además "económicamente sostenible por las arcas del Estado". "Desde su entrada en vigor en 2007 y hasta 2011, la aplicación de esta Ley permitió crear 185.000 empleos directos y 63.000 indirectos, ayudando a alrededor de 750.000 personas en situación de dependencia. ¿Necesita el PP más pruebas de su efectividad y utilidad social", concluye Jerez.
