Llamazares pregunta al Gobierno si se ha abierto una investigación interna sobre el accidente, cuáles serían sus conclusiones y si se habrían puesto a disposición del juzgado de Arrecife. Asimismo, se pregunta si se cumplieron los protocolos para aproximarse a la patera.
Desde IUC, se advierte que "estamos ante la posibilidad de una investigación light, que no depure responsabilidades, ni compense adecuadamente a las familias de las víctimas mortales y a los supervivientes y de la que no se deriven pautas de actuación que garanticen que un accidente de estas características no vuelva a producirse". Para IUC, es "tan inhumano como preocupante constatar que la Delegación del Gobierno en Canarias intenta expulsar a los supervivientes a toda costa".
Con respecto a esto último, IUC insiste en su preocupación por una investigación que va acompañada del intento de la Delegación del Gobierno en Canarias de expulsar a los trece marroquíes que viajaban en la patera, cuando aún no han concluido ni la investigación, ni el procedimiento judicial.
Para la formación progresista, "es obvio que la delegada del Gobierno no expulsaría a unos turistas que sufrieran idéntica situación porque ello iría en menoscabo de sus derechos. Sin embargo, para la Delegación del Gobierno en Canarias, el país de origen determina quiénes son en España ciudadanos de primera y quiénes de segunda, qué víctimas pueden exigir reparación por una desgracia, causada por funcionarios del Estado, y cuáles no. En realidad, hay implícita una actitud xenófoba en el proceder de la Delegación del Gobierno".
La formación progresista advierte del riesgo de que mañana jueves se pueda decidir la expulsión de los supervivientes, a quienes, en su mayoría, no se ha tomado declaración por el accidente, ni se les ha proporcionado intérpretes para garantizar el trabajo de sus abogados.
