Según Rivero, esta pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios "lo único que hace es generar una falta de confianza entre los consumidores y lastra el consumo". Esta ley de los Presupuestos Generales del Estado es un ataque directo al empleo, ya que también se congela la oferta de empleo público, cubriéndose una de cada diez vacantes. "Esto seguirá provocado graves problemas para los ciudadanos que verán reducidos los servicios que desde el Estado se les ofrece como son en educación, sanidad...", indica.
La formación de izquierdas asegura que con estas medidas se afecta directamente a los servicios públicos y sigue la línea de responsabilizar a los empleados públicos de la situación actual, marcada por el PSOE y el PP.
