Oramas asume en esta iniciativa todas las propuestas planteadas esta semana por UNICEF en el informe en el que denuncia que los niños y niñas representan "el colectivo más afectado por la crisis económica".

El documento Infancia en España 2012-2013 destaca que en sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Entre los datos que recoge el informe, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares. Este dato demuestra que el impacto de la crisis es más fuerte en las familias con niños, detectándose casos de un empeoramiento de las condiciones de vida, que puede afectar a la calidad de la alimentación, a la convivencia y a las relaciones entre padres e hijos.

UNICEF realiza seis propuestas básicas para esta Legislatura para garantizar la aplicación de los derechos de los niños en tiempos de crisis. Propuestas que han sido recogidas por Ana Oramas en la iniciativa que defenderá en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.

La diputada reclama que se "protejan las inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y protección. Ámbitos que son imprescindibles para el ejercicio de derechos y el bienestar de los niños, para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades, y para un crecimiento equitativo y sostenible".

También demanda que se incorpore "con carácter vinculante un informe de impacto sobre la Infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del Informe de Impacto de Género, que establece la Ley de Igualdad. Un informe que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación del niño reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española".

Y, por otra parte, que se "pongan en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias. Mecanismos que vigilen los efectos en la pobreza en el acceso a los servicios esenciales".

La PNL de la diputada de CC también propone, al igual que UNICEF, que haya "una revisión del modelo social de apoyo a las familias y a los niños dando un nuevo enfoque a los sistemas generales de servicios, prestaciones, trasferencias públicas, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias, de manera que proporcionen una protección mayor a los niños y tengan un mayor impacto en la reducción real de la pobreza infantil".

Otras propuestas incluidas en la iniciativa:

- El establecimiento de un paquete mínimo de beneficios para los niños común en todas las administraciones públicas, que garantice la coherencia, la coordinación y la eficacia del sistema de ayudas a los niños y sus familias.

- El avance hacia la universalización de una educación de 0 a 3 años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequible para el resto.

- Iniciativas para favorecer especialmente el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. Mediante políticas activas de empleo y de conciliación de la vida laboral y personal, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.

- El énfasis en la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: niños inmigrantes, gitanos, niños en instituciones, niños con discapacidad, y niños en familias numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo.

- Acciones orientadas a promover la parentalidad positiva y el buen trato a los niños en el ámbito familiar.

- Promover la calidad, la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de las distintas administraciones públicas en relación con los niños en todos los ámbitos, pero especialmente en el sanitario, educativo, de servicios sociales y en el de protección de menores en situación de riesgo.

- El avance en un proceso de armonización legislativa y de procedimientos administrativos entre el nivel nacional y las distintas autonomías acorde a los principios y el contenido de Convención sobre los Derechos del Niño.

- El refuerzo de los mecanismos de recopilación y análisis de datos relativos a los menores de 18 años en todas las áreas que abarca la Convención, y especialmente respecto a los colectivos más vulnerables.

- El refuerzo de organismos como el Observatorio de Infancia y la potenciación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, tanto en sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables.

- Recuperar la iniciativa de un Pacto de Estado por la Educación que garantice la calidad, la equidad y la estabilidad del sistema educativo.

- Mantener el espíritu de los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo.