Carmen Hernández, en su turno de intervención en la comparecencia del Ejecutivo canario sobre los acuerdos de gestión de las viviendas vacías propiedad de entidades bancarias, manifestó que la pérdida de la vivienda por los desahucios hipotecarios o por el impago del alquiler es una de las caras "más amargas y dramáticas" de la crisis.
En Canarias, según la portavoz nacionalista, "vivimos un absurdo, un escándalo porque hay miles de personas sin casas y miles de casas sin gente". Carmen Hernández aseguró que hay 130.000 viviendas vacías mientras que los demandantes de pisos de promoción pública ascienden a 35.000 más las familias que diariamente se suman a esta situación de emergencia habitacional.
De "auténtico fracaso" catalogó la diputada de NC la gestión de Rojas en sus siete años como responsable en esta materia. Hernández afirmó que el Ejecutivo canario "no ha sabido aprovechar" dos herramientas fundamentales disponibles, el Instituto Canario de la Vivienda y la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan).
La "mayor expresión" de que, al Gobierno de CC y el PSOE, "no le interesa, de verdad, resolver" los problemas generados por la crisis es la nueva ley de vivienda, según NC. Una norma, continuó, "necesaria pero sin medidas verdaderamente eficaces" para frenar los desahucios. La única efectiva, la expropiación temporal de viviendas a la banca, en opinión de Hernández puede "quedar parada", de cumplirse, la amenaza del Ejecutivo estatal de interponer un recurso ante el Constitucional, como ha ocurrido en Navarra y Andalucía.
Nueva Canarias, tal y como refirió, planteó un programa de mediación entre las entidades bancarias y las promotoras para evitar el desahucios y un fondo para pagar el alquiler de viviendas libres o de protección a las familias y personas con dificultades económicas o desalojadas de sus hogares.
La portavoz nacionalista hizo hincapié en que la política del departamento de Rojas se define por la "incapacidad de conseguir ningún avance significativo" en la lucha contra los desahucios y para colocar, en el mercado del alquiler social, "aunque fuera sólo una parte" de los más de 100.000 pisos desocupados.
