Oramas pide que el Gobierno “inicie los cambios normativos precisos, a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados”.
En la misma iniciativa, plantea también que se “estudie la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado”.
Oramas expone que “la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello”.
La diputada nacionalista enumera en su iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y subraya que “todos ellos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas”.
“Se da así la circunstancia de que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”, agrega la diputada canaria.
Oramas añade que “desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas. De forma que los delincuentes no puedan percibir beneficios económicos por sus apariciones, no ya sólo en los medios audiovisuales beneficiarios de una concesión administrativa de las administraciones públicas, sino en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital”.
Y concluye apuntando que “la extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias”.
