Para ello, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas buscarán el próximo lunes promover un frente común para lograr reducir el impacto sobre la autonomía local y la asignación de competencias que genera la propuesta redactada por el Gobierno de España. "Hernández Spínola considera que los términos actuales del anteproyecto de ley constituyen un ataque frontal a la autonomía municipal y tiende claramente a la privatización de servicios públicos. "El texto aleja la Administración Pública de los ciudadanos, merma en gran medida las atribuciones y capacidades de los ayuntamientos y fomenta la privatización de servicios públicos reduciendo aún más el estado de bienestar", resumió.
Hernández Spínola reiteró que el Gobierno de Canarias considera necesario proceder a una reforma de la Administración Pública para adaptarla a los nuevos tiempos, más austeros, aumentando la eficiencia de su estructura, pero "una cosa es podar un árbol para sanearlo, fortalecerlo y garantizar su supervivencia, y otra bien distinta es talarlo directamente por el tronco, tal y como parece pretender el PP con los ayuntamientos españoles".
El consejero describió como "esencial" el primer trimestre del nuevo curso político para la redefinición del marco competencial en la Administración Pública. "La iniciativa legislativa del Gobierno de España relativa al régimen local determinará el marco que se definirá en Canarias con la modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administración Pública de Canarias", explicó Hernández Spínola. Este es el principal motivo por el que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad está haciendo un seguimiento continuo y exhaustivo a cada paso que el Gobierno de España realiza en la redacción y tramitación de este texto legislativo, que aún se encuentra en fase de anteproyecto de ley. "Estamos muy atentos a cada paso, cada cambio de posición que el Gobierno de España" respecto a este anteproyecto de ley.
El consejero reconoció que esta ley influye de forma crucial en el proceso abierto en Canarias para la reorganización de la Administración Pública. "El contenido del texto legislativo que salga aprobado de las Cortes Generales influirá en su literalidad en el marco competencial entre los tres niveles de la Administración Pública de Canarias –autonómico, insular y municipal-". Por ello, el consejero entiende que habrá que esperar a conocer cuáles son los términos finales de la nueva ley estatal antes de proceder a revistar la distribución de competencias en Canarias, lo que probablemente obligue a realizar un replanteamiento metodológico en el proceso de reforma iniciado ya en Canarias.
"Habrá que adaptar el proceso a las nuevas circunstancias temporales que se están generando por la imprescindible espera a la aprobación de la nueva Ley estatal", explicó el consejero quien además aclaró que "pese a esta pausa obligada, el Gobierno canario mantiene el objetivo, asumido desde el inicio de Legislatura, de elevar al Parlamento un texto legislativo para modificar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública de Canarias con tiempo suficiente para su análisis, debate y aprobación".
La reforma de la Administración Pública canaria es "ineludible y cumpliremos el compromiso asumido con los ciudadanos para reducir duplicidades, aumentar la eficiencia y la agilidad en la atención a los ciudadanos en ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias".