La moción, presentada por el Grupo Popular y aprobada por unanimidad, contempla establecer mecanismos de información para reforzar la figura de los profesionales sanitarios como autoridad en su trabajo. Del mismo modo, también pide plantear en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, la necesidad de que los Servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas cuenten con medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones.
Según Antonio Alarcó, miembro de la comisión de Sanidad, "abordar un problema como son los actos violentos que sufren los trabajadores de la Salud en el desempeño de sus funciones desde las simples malos modos, hasta la pura agresión física, es además de una necesidad, una obligación que compete a toda la sociedad y, en especial, a todos los que legislamos".
El senador del PP justificó esta medida en los datos del último informe del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que recoge que las agresiones a médicos en España aumentaron en un 9,2% en 2011, llegando a los 496 casos más que el año anterior, la mayoría motivadas por discrepancias respecto a la atención recibida, por el tiempo de espera a ser atendido o porque el profesional se negó a recetar el medicamento pedido por el paciente.
"El 22% de estas agresiones producen lesión, frente al 78% que se traducen en ataques verbales o amenazas", recordó Alarcó, quién indicó que para evitar este tipo de problemas debemos partir del principio de "ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero, como ante cualquier tipo de violencia".
La iniciativa del GPP en el Senado solicita "potenciar un estudio nacional, en colaboración con los consejos generales de los colegios profesionales sanitarios y las organizaciones sindicales más representativas del sector sanitario, sobre las dimensiones reales de la problemática de las agresiones a los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS)".
Por último, Alarcó aseguró que "si bien algunas CC.AA han puesto en marcha planes orientados a dotar de los profesionales de la seguridad y formación necesaria para minimizar las posibles agresiones, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, y para ello debe existir un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas".
