Por razones humanitarias, ya que tienen los mismos derechos que las demás, reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Su exclusión producirá muertes y graves problemas de salud. Resulta paradójico el interés del PP por proteger los supuestos derechos de los embriones, incluso de los no viables, y su desinterés por la vida y la salud de las personas reales.
Por razones de justicia, ya que la financiación sanitaria se hace básicamente a partir de impuestos sobre el consumo, de esta manera cualquier persona que consuma (una barra de pan, un café, un refresco, utilizar el tranvía o la guagua, etc) esta financiando la Sanidad, es decir los inmigrantes irregulares están financiando la Sanidad Pública y es una evidente injusticia que se les excluya de un servicio que están pagando.
Por razones de organización de los servicios sanitarios, ya que dejar su atención sanitaria en manos de las urgencias (hospitalarias y de atención primaria) producirá una saturación mayor de un dispositivo asistencial ya de por si saturado.
Por razones de salud pública, ya que la atención sanitaria de enfermedades infectocontagiosas es una prioridad para prevenir brotes epidémicos y una diseminación de estas enfermedades. No tratarlas en este colectivo es un riesgo para el conjunto de la población y hacerlo en urgencias no es el mejor lugar, con los riesgos que conlleva.
Por razones económicas, ya que el retraso en la atención y que esta se lleve a cabo cuando los procesos estén más evolucionados harán que su tratamiento sea más complicado y más costoso.
Y porque los inmigrantes no suponen una carga importante en los servicios sanitarios, ya que existen muchos estudios que lo demuestran. Los inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios (los nacidos en el Estado español gastan una media de 236 euros al año en medicinas frente a 81 euros de las personas inmigradas. Las personas inmigradas van 4,2 veces al médico al año frente a las 6,7 de los nacidos en el Estado Español. El gasto sanitario de los inmigrantes supone el 0,8% del gasto total, aunque lógicamente depende de las comunidades autónomas, en cualquier caso muy por debajo de su peso poblacional. Obviamente se trata de personas mayoritariamente jóvenes y sanas, que por lo tanto necesitan utilizar poco los servicios sanitarios. En todo caso, los "sin papeles", son un grupo que procura no acudir mucho al sistema sanitario porque temen que sirva para identificarlos y expulsarlos.
Por todo ello, desde Sí se puede, "exigimos al Gobierno de Canarias que garantice su atención mediante una resolución administrativa que evite su rechazo por algunos profesionales, así como que contenga una instrucción precisa para continuar con la asistencia en las mismas condiciones, negándose expresamente a cumplir la exclusión de estas personas de la base de datos de la tarjeta sanitaria".
