En este sentido, el Gobierno de Canarias aclara que en referencia a las críticas vertidas sobre las respuestas aportadas en plazo por el Ejecutivo canario a seis solicitudes de documentación tramitadas por el diputado Víctor Moreno del grupo parlamentario popular (SD 592, SD 593, SD 594, SD 595, SD 596 y SD 597), han sido contestadas con el detalle técnicamente viable evitando producir el colapso de parte de la Administración autonómica.
Las seis solicitudes de documentación referidas pedían de forma genérica el detalle de cada uno de los gastos y facturaciones de billetes de avión, alojamientos y comidas de toda la Administración Pública autonómica, que cuenta con más de 62.000 empleados públicos, de los que gran parte de ellos, por las condiciones geográficas del archipiélago, frecuentemente realizan viajes entre islas y diversos desplazamientos fuera de Canarias en ejercicio de su actividad profesional.
El Gobierno de Canarias expresa su compromiso de transparencia y facilitará, como hasta ahora lo ha hecho y siempre en base a lo establecido en el reglamento del Parlamento de Canarias, todos los datos relativos a cualquier viaje de trabajo concreto que resulte de interés a cualquier representante de la soberanía popular.
El Ejecutivo regional recuerda que en esta VIII Legislatura se ha intensificado la actividad parlamentaria, con un notable incremento de iniciativas parlamentarias promovidas por todos los grupos parlamentarios. El análisis comparativo de los registros de iniciativas demuestran que en el primer año de la VIII Legislatura los diputados regionales casi han triplicado el número de preguntas escritas y solicitudes de documentación planteadas al Gobierno respecto al mismo periodo de la VII Legislatura. Remontando la comparativa a la VI Legislatura, se ha multiplicado por seis la cantidad de iniciativas escritas remitidas por el Parlamento al Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias ha mejorado igualmente su capacidad de respuesta y atención plena a las peticiones de los diputados regionales, reduciendo los tiempos medios de entrega en las respuestas. Solo 3 de cada 100 respuestas se entregan al Parlamento fuera de plazo, debido normalmente a la complejidad técnica exigida en las iniciativas o por dificultades administrativas para elaborar las respuestas
