EQUO ha señalado que estas actuaciones son absolutamente inaceptables en una país democrático y por tanto ahora, tras el pronunciamiento del juez, resulta imprescindible que se den explicaciones a la ciudadanía y que se asuman responsabilidades políticas, comenzando por la dimisión de la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
EQUO ya denunció en su momento la decisión de la Audiencia Nacional de imputar de forma preventiva a estos ocho promotores del 25S por considerar que era "absolutamente intolerable y traspasaba las líneas rojas de un Estado democrático".
Asimismo EQUO también ha reclamado que haya una investigación transparente, abierta y profunda sobre la actuación policial ese día en las puertas del Congreso de forma que se aclare quiénes formaban los grupos violentos, por qué había policía encapuchada entre los manifestantes y qué papel jugó en los altercados.
Asimismo, para EQUO los incidentes ocurridos en la estación de Atocha, por sí mismos, y dada su gravedad, requieren una investigación urgente que aclara quién dio la orden y se asuman las responsabilidades que correspondan ante este hecho intolerable.
EQUO además ha criticado las recientes declaraciones de Cristina Cifuentes sobre la necesidad de "modular el derecho de manifestación" por considerar que son impropias de un cargo público en un país democrático y vuelven a dejar claro el poco respecto del gobierno por la ciudadanía y por los Derechos Fundamentales
