"La sospecha de un fraude ha sido la justificación del PP tanto para volver a la obligación para más de 2,5 millones de pasajeros de llevar el certificado de residencia como para recortar en 84 millones de euros la bonificación de los billetes. Ahora se demuestra que montaron una gran mentira, pues a día de hoy no cuentan con ningún dato real que permita hablar de fraude, como ellos mismos reconocen", señala Franquis.
El diputado por Las Palmas preguntó cuántas denuncias se han formalizado a viajeros, cuántas se han formalizado a las compañías aéreas y marítimas por incumplimiento de los requisitos, y a cuánto asciende el importe del presunto fraude tanto de pasajeros como de compañías aéreas y marítimas.
El Ministerio de Fomento ha respondido que sólo hay sospechas de una presunta irregularidad de una compañía, y que un 6% de los pasajeros que han disfrutado de las bonificaciones no estaban empadronados en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.
"No se pueden basar en sospechas, como queda demostrado ahora, para tomar una decisión tan dañina para los ciudadanos residentes. Han justificado la medida sólo porque 22 canarios han realizado más de 200 viajes con certificado, como dijo la ministra Pastor, o porque 1.809 canarios han utilizado más de 30 veces el certificado de residente en 2012", concluyó Franquis.
