La sentencia establece que Montserrat no podrá acercarse a la hija de Isabel Carrasco, Loreto Rodríguez Carrasco, ni a la pareja sentimental de la presidenta de la Diputación asesinada, Jesús López Brea, ni comunicarse con ellos por ningún medio durante un periodo de 25 años.
Para Triana, se imponen penas de 17 años y seis meses como coperadora necesaria en el delito de asesinato, así como otros dos años y medio por delito agravado de tenencia ilícita de armas, lo que suma un total de 20 años de cárcel. Igual que su madre, no podrá acercarse ni comunicarse con la hija y la pareja de la víctima durante 25 años.
En cuanto a la agente de Policía Raquel Gago, el tribunal ha pronunciado su absolución del delito de asesinato, porque no la considera cooperadora del crimen, y sólo estima un delito de encubrimiento, por lo que impone una pena de tres años de prisión, de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva, y a la que se suman otros dos años como autora de un delito agravado de tenencia ilícita de armas.
Gago no tendrá que ingresar en prisión ya que el presidente del tribunal que la ha absuelto de asesinato, Carlos Álvarez, decidió el pasado 27 de febrero, junto con los otros dos magistrados de la sección tercera de la Audiencia de León, que la policía local podía seguir en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos que anunció su defensa.
La sentencia del juez contrasta con el veredicto del jurado popular, que determinaba que la agente era también culpable de asesinato, al igual que Montserrat González y su hija Triana Martínez.
El jurado popular consideró probado que las tres acusadas urdieron un plan para asesinar a la dirigente del PP, del que las tres eran conocedoras y del que todas aceptaron formar parte.
Además, el tribunal impone a las tres condenadas el pago de las costas a partes iguales, incluidas las de las acusaciones particulares, excepto la acusación popular que ejerció en nombre del PP el abogado Ricardo Gavilanes.
El tribunal ha absuelto a Raquel Gago del delito de asesinato debido a que considera que el objeto del veredicto del jurado no estaba bien planteado, un error del que se responsabiliza el presidente-magistrado, Carlos Álvarez.
Básicamente, el tribunal entiende que algunas de las más de ochenta preguntas que se le entregaron al jurado para que contestase y cuyas respuestas tenían que ser la base de veredicto no estaban bien formuladas.
Al respecto, precisa que ese incorrecto planteamiento dio pie a que el jurado incidiera en la calificación jurídico-penal de los hechos que declara probados, algo para lo que carece de toda competencia.
El veredicto del jurado popular estableció que la policía local Raquel Gago fue cooperadora del crimen, pero ahora la sentencia la considera encubridora. La sentencia puntualiza que los jurados se pronuncian sobre los hechos enjuiciados, limitándose a declarar si el acusado ha participado o no en la comisión del delito.
El presidente del tribunal insiste en que es "evidente" que las preguntas que se le plantearon al jurado fueron "incorrectas técnicamente", ya que no se debió mencionar el título de imputación jurídica (la calificación jurídica del delito).
Considera en la sentencia que la fórmula debió limitarse a determinar la culpabilidad o no de las acusadas, entendida exclusivamente en el sentido de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos declarados probados.
Agrega que dicho error ni fue en su momento suficiente para provocar la devolución del veredicto al jurado ni impide la condena de la acusada por un título de imputación distinto al declarado indebidamente (porque indebido fue su planteamiento al jurado) en el veredicto".
Finalmente, añade que "lo que importa es que el jurado declaró culpable a la acusada Raquel Gago, es decir, responsable penalmente de las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos declarados probados, y ello es suficiente para entender procedente su condena en la sentencia como autora del delito de encubrimiento", remarca.
Recurrirán la sentencia
Las defensas de las tres condenadas han anunciado que recurrirán la sentencia que les condena. Así lo ha asegurado este jueves el procurador que asiste a la defensa de Montserrat y Triana, mientras que el letrado que representa a la tercera acusada ya anunció en la última sesión del juicio que recurriría la sentencia aunque su patrocinada fuese condenada "a un solo día de prisión".
También la Fiscalía y las acusaciones han anunciado que recurrirán "en bloque" la sentencia. Así lo ha asegurado la abogada de la hija de la víctima, Beatriz Llamas, que ha dicho estar "sorprendida con la sentencia" porque "no es acorde al veredicto del jurado". "Evidentemente la respeto, pero no la comparto", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de León.
Llamas ha precisado que tanto ella, que representa a la hija de Isabel Carrasco, como las acusaciones que representan a la pareja del víctima y al PP de León, y el Ministerio Fiscal recurrirán la sentencia en el plazo de 10 días que marca la ley. "Como hicimos ya con la libertad de Raquel vamos a ir todos en bloque", ha agregado.
La abogada ha insistido en que el objeto del veredicto elaborado por el jurado popular consideraba probado que Raquel Gago era autora de un delito de cómplice de asesinato y no de encubrimiento, como recoge la sentencia, y que "hay que respetar el veredicto del jurado".
En cuanto al fallo en el objeto del veredicto que según señala el magistrado presidente en la propia sentencia existió y fue culpa suya, Llamas ha asegurado que debía de haberse "detectado antes de entregárselo al jurado" porque fue el propio juez quién lo elaboró.
Por otro lado, el abogado de Gago ha sido sancionado a una multa de mil euros por no comparecer en una de las jornadas del juicio. La Audiencia Provincial de León ha decidido en una pieza separada sancionar al letrado Fermín Guerrero por su incomparecencia del día 27 de enero que motivó la suspensión de la vista oral de ese día.
El abogado ha mantenido siempre la incógnita sobre su misteriosa desaparición durante 20 horas y la ha achacado a la esfera de lo privado. Nunca ha desvelado si su desaparición fue motivada por enfermedad o alguna causa justificable alegando que "eso pertenece a la intimidad".
Su desaparición y la imposibilidad de contactar por ningún medio con él creó una gran alarma en el mediático juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Tras ser localizado por la Policía Local en una céntrica calle de León, el letrado reconoció que su desaparición había sido voluntaria y debido exclusivamente a "motivos personales imprevistos", a la vez que negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal.
Al día siguiente y tras reanudarse la vista oral el abogado pidió perdón y ofreció explicaciones al presidente del tribunal, Carlos Álvarez, y a su defendida Raquel Gago, quien a pesar de la situación mantuvo su confianza en el letrado. Unas explicaciones que, además, Guerrero ofreció por escrito en una pieza independiente de la causa para determinar si incurrió en alguno de los delitos recogidos por la ley para estos casos.
