Para la institución cameral las condiciones para que las empresas puedan cobrar las deudas resultan "inaceptables" al "abrir la puerta a la aplicación de descuentos sobre las cantidades pendientes y eludir el pago de los citados intereses de demora".
De nuevo, "son las pequeñas y medianas empresas quienes sufren una insoportable e injustificada carga financiera, que además afecta a sus derechos legales".
Así, solicitan que debe garantizarse tanto que cobrarán las cantidades pendientes con los intereses legales correspondientes como que no se realizarán quitas del dinero adeudado a las pymes, "que han sido las principales víctimas de la morosidad de las administraciones, ya que carecen de la capacidad de resistencia financiera de las grandes empresas".
El Real-Decreto Ley 4/2012 establece el mecanismo de financiación para el pago de proveedores de entidades locales. Tras obtener el certificado de su deuda con los ayuntamientos, los proveedores podrán acudir a las entidades de crédito para cobrarlo.
Asimismo, el Real-Decreto Ley 7/2012 crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y destina 15.000 millones de euros para el año 2012, aunque la deuda total se estima en unos 35.000 millones. La entidad que va a gestionar el pago es el ICO (Instituto de Crédito Oficial) a través de las instituciones financieras.
A juicio de la Cámara, esta medida, aún siendo "acertada y necesaria", llega tarde para miles de empresas y autónomos. La morosidad de las Administraciones públicas está detrás de la desaparición de la mitad de las más 450 mil empresas que han cesado en España su actividad desde 2008.
"En Canarias, desde que estalló la crisis han desaparecido el 14 por ciento de su tejido empresarial, una gran mayoría víctima de las demora en el pago de los entes públicos", afirma el comunicado.
CRITERIOS
El problema para la Cámara de Comercio Santa Cruz de Tenerife es que el Real-Decreto Ley introduce dos puntos "inasumibles" para las pymes.
En primer lugar, el principal criterio para priorizar el pago se establece en función de la oferta de descuento sobre la obligación pendiente de pago. Aunque este punto no ha aparecido en el modelo de certificado individual, no se ha modificado el Real-Decreto 4/2012, por lo que habrá que estar vigilantes para que en el futuro no se aplique esta condición.
"Las pymes no pueden admitir la posición de fuerza del Gobierno sobre unas empresas en un estado tan precario que admitan renunciar a parte de su deuda para cobrar o que entren en una espiral de descuentos a la baja", señalan.
El segundo aspecto, el cobro de los intereses de la deuda, afecta también a los derechos legales que tienen las empresas. De acuerdo al Real-Decreto, el abono al proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista, incluyendo los intereses.
La Cámara de Comercio considera "inadmisible"que las pymes estén financiando la deuda de las instituciones locales y que, para cobrar estas deudas, deban renunciar a los intereses correspondientes según la ley vigente".
Por ello, y bajo el título 'Financiación para el pago a proveedores de las entidades locales, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife organiza una jornada de carácter gratuito que se celebrará el próximo 13 de abril en la que expertos del despacho de abogados Garrigues explicarán cuáles son los mecanismos que empresas y autónomos deben ejecutar para lograr el abono de sus deudas.
