Durante su intervención en la Comisión de Educación, UGT ha subrayado que la autoridad docente ya está reconocida en la normativa vigente, pero ha insistido en que el verdadero reto es garantizar su aplicación efectiva mediante procedimientos claros, automatismos y financiación adecuada.
El sindicato ha exigido que la ley contemple la activación automática de la asistencia jurídica en un plazo máximo de 24 horas, cobertura completa de responsabilidad civil y medidas organizativas cautelares inmediatas para proteger al profesorado ante cualquier agresión, amenaza o denuncia infundada.
Asimismo, UGT ha reclamado la actualización del protocolo de 2009 para ampliar su alcance a amenazas graves y agresiones verbales o digitales, así como la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con implantación efectiva en todas las islas.
En el ámbito laboral, la organización ha defendido que no puede hablarse de autoridad sin reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad que asume el profesorado, especialmente en funciones directivas, tutorías y desarrollo profesional.
UGT también ha propuesto la creación de un registro autonómico de incidencias, la implantación de una Red Canaria de Convivencia con enfoque preventivo y la obligación de presentar un informe anual ante el Parlamento que evalúe la aplicación de la ley. "El sistema educativo canario necesita normas eficaces, no declaraciones formales. Si esta ley no viene acompañada de memoria económica, desarrollo reglamentario claro y garantías automáticas, será una oportunidad perdida", ha concluido el sindicato.