Este criterio responde al compromiso de la Consejería de Educación de seguir avanzando hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que los centros cuenten con herramientas para responder, de forma adecuada, a la diversidad del alumnado presente en las aulas.
Asimismo, el departamento tiene previsto que esta línea de trabajo tenga continuidad en el desarrollo de la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado que impulsa el Gobierno de Canarias, con el objetivo de estudiar la ampliación de este criterio también a las aulas enclave y a los centros de educación especial.
La iniciativa forma parte del conjunto de medidas que el área que dirige Poli Suárez ha impulsado durante la legislatura para reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En este sentido, Suárez recordó que el sistema educativo canario ha aportado recursos extraordinarios para la atención de más de 5.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, casi el doble que en 2022.
Para dar respuesta a esta realidad, la Consejería ha incrementado de forma significativa los recursos humanos destinados a este ámbito. Así, el número de auxiliares educativos ha aumentado en los últimos años, pasando de 941 profesionales al inicio del curso de 2022-2023 a más de 1.850 actualmente.
Asimismo, el sistema educativo cuenta con más de 600 docentes adicionales respecto al curso 2022-2023, una ampliación de plantilla que ha supuesto una inversión adicional cercana a los quince millones de euros.
En el ámbito de las infraestructuras, la Consejería de Educación también ha ampliado la red de recursos especializados para este alumnado. Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran cerca de un centenar de aulas enclave terminadas o en proyecto, la creación de cuatro nuevos centros de educación especial (CEE) y la puesta en marcha de once nuevos centros específicos para alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA).
A estas medidas se suman otras orientadas a mejorar las oportunidades educativas y sociales del alumnado con mayores necesidades de apoyo, como el proyecto NEAE +21, el nuevo modelo de Formación Profesional Adaptada —que permite continuar la formación hasta los 33 años—, la gratuidad del comedor escolar para el alumnado de aulas Enclave y centros de educación especial o la puesta en marcha de una línea de ayudas de 800.000 euros para alumnado con TDAH con discapacidad superior al 25 por ciento que queda fuera de las becas estatales.
El consejero concluyó que todas estas actuaciones responden a una misma prioridad: seguir reforzando los recursos del sistema educativo para garantizar una atención de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales y ofrecer apoyo real a sus familias.
