De confirmarse este hecho, resultaría grave e inaceptable. Una prueba del bajo compromiso real con la educación y de la escasa conciencia política y social de su importancia como servicio público esencial, compensador de desigualdades y palanca poderosa sobre la que impulsar el futuro formativo y laboral de la infancia y juventud canaria. Esperamos una aclaración o explicación convincente al respecto.
Evidentemente, esta plataforma no cuestiona el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. Hemos expresado nuestro apoyo y su necesidad, aportando sugerencias para su elaboración. Pero esperamos y solicitamos que, además de respetar los 87 millones transferidos por el Estado para afrontar el incremento del gasto educativo derivado de la puesta en marcha de las medidas de prevención y seguridad que requerirá la vuelta a las aulas en septiembre, se aborde los compromisos derivados del desarrollo de la Ley Canaria de Educación que requiere, entre otras medidas, impulsar la escolarización de la educación infantil 0-3 años, reducir la brecha educativa con otras comunidades, potenciar y adecuar la oferta de formación profesional, reducir el abandono escolar temprano y planificar el próximo curso escolar con las medidas y aumentos de plantilla necesarios que permitan ofrecer a las comunidades educativas las condiciones de presencialidad, seguridad y salud que todos los informes sanitarios y pedagógicos recomiendan.
