Desde CSIF, advertimos de que en España ya se pueden aplicar medidas disciplinarias, por lo que no entendemos que se incluya esta redacción en una Ley Orgánica sin un análisis previo ni un diagnóstico que lo justifique. Reclamamos al Ministerio que dé explicaciones urgentes durante el posterior trámite parlamentario de la norma en el Senado.
En definitiva, como hemos venido denunciando a lo largo de los últimos meses, lamentamos, además, que la Ley Celaá arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas...
Se trata de un parche más en el modelo educativo que, además, recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos.