La primera reflexión ha de ser sobre la controversia política que está levantando este proyecto de ley. La ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a menores en sus protestas, es un tema político. No responde, pues, a planteamientos educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado en España, que se han incrementado con la aprobación de la LOMCE en diciembre de 2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción.
Los cambios que introduce la LOMLOE sobre inmersión lingüística, el papel de la enseñanza privada concertada o la eliminación de las reválidas y la reducción de las veces que el alumnado puede repetir a lo largo de su escolaridad obligatoria son para adecuarse a la realidad de lo que ya sucede en nuestros centros educativos con buen resultado -la cooficialidad de las lenguas propias-, o para acercarse a lo que es norma general en nuestros vecinos europeos que ni subvencionan la enseñanza privada, ni establecen carreras de obstáculos al alumnado, si no que tratan de integrarlo poniendo los medios humanos y materiales para ello.
Desde el STEC-IC celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE: segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas. Igualmente se avanza en las nuevas medidas de admisión del alumnado en cuanto a la distribución equilibrada del alumnado entre la pública y la concertada, se elimina la posibilidad de establecer perfiles de profesorado. Celebramos que la coeducación, la inclusión e incluso la crisis climática sean aspectos centrales de la exposición de motivos. La mayor autonomía de los centros educativos, la oferta pública para el ciclo 0-3 años, las prohibiciones de donar suelo público para la construcción de centros privados y de subvencionar colegios que segregan por razón de sexo, son todas ellas medidas necesarias.
Sin embargo, hay otros aspectos y algunas carencias que suponen estar lejos de la transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:
− La Religión Católica debe quedar fuera del currículo escolar. No es suficiente que no cuente para la nota media, que luego repercute en temas como la EBAU o la concesión de becas. La laicidad debe ser una de las bases del sistema educativo en un estado aconfesional, como establece la Constitución Española que es el Estado Español.
− Hay que profundizar en la gestión democrática de los centros. La LOMLOE, apenas mejora la cuestión. Por ejemplo, la elección de las direcciones sigue dependiendo en gran medida de la administración.
− Se echa de menos una reducción de ratio, imprescindible para una mejora de la calidad de la enseñanza.
− Se debe reconocer la labor del profesorado, mejorando sus condiciones laborales y esta ley no lo hace. El horario lectivo del profesorado en España es, sensiblemente, superior al del resto de países europeos, por ejemplo. Además, deja al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional como un cuerpo a extinguir, sin aportar soluciones para quien no pueda acceder al Cuerpo de Secundaria.
− No establece una forma racional de Acceso a la Función Pública Docente. El actual sistema que regula el acceso a la docencia está desfasado. Es un modelo memorístico, muy alejado de las necesidades de la sociedad actual. Al mismo tiempo, ha de solucionarse la problemática de 170.000 personas interinas, casi un tercio de la totalidad del profesorado del sistema educativo público no universitario. Hay que dar estabilidad a este profesorado, y esta ley tampoco lo establece.
− Ha de asegurarse una financiación del sistema público de enseñanza que la LOMLOE no contempla.
− La eliminación de la asignatura de Ética en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es inaceptable.
− La posibilidad de que el personal docente pueda ser separado de la docencia directa al alumnado por la Inspección, otorga a ésta un poder desmesurado, mientras contribuye a denigrar la labor docente.