Se trata de una iniciativa en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Modernización y Digitalización del Sistema Educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Estado orientada a la creación de 1.293 plazas de titularidad pública para 2021; otro tanto para 2022, y lo mismo para 2023, que suman en total de 3.879 plazas en los tres ejercicios.
Estas actuaciones deben destinarse, por una parte, a la reforma, rehabilitación y equipamiento para nuevas aulas a fin de adecuar los espacios a las necesidades educativas del alumnado en este ciclo educativo, la construcción de nuevas escuelas infantiles y la dotación de los centros de titularidad de la Administración autonómica, así como local.
Por otro lado, de forma transitoria y extraordinaria, estas inversiones se destinarán a abonar la remuneración del personal necesario para el arranque de la inversión y los gastos de funcionamiento de las nuevas plazas. En este sentido, la financiación de 2021 y 2022 se dirigirá tanto a gastos de infraestructura como a los de funcionamiento de las nuevas plazas, mientras que la de 2023, prevista con menor cantidad, será solo para infraestructura.
Una vez consolidada la escolarización producida durante los cuatro años de ejecución de esta medida, las administraciones educativas asumirán con sus presupuestos ordinarios el mantenimiento de las plazas creadas.
Justificación
El acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sostiene que existe consenso en la importancia de la participación en la Educación Infantil como uno de los criterios más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro, y cita la OCDE al afirmar que el alumnado de 15 años que cursó este Ciclo tiene mejores resultados en el estudio PISA que quienes no lo hicieron, incluso teniendo en cuenta su contexto socioeconómico.
En España, advierte, en los últimos diez años ha habido un crecimiento de la tasa de escolarización de Infantil (0, 1 y 2 años) que ha sido desigual, al constatarse diferencias sociales y territoriales. Entre las causas por las que las familias no llevan a sus hijos e hijas a centros de atención y Educación Infantil, la principal (52,4%) es no poder asumir el gasto que conlleva este servicio.
Por lo tanto, concluye que la disponibilidad y accesibilidad de unos servicios de alta calidad en las áreas donde residen familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, o familias migrantes tienen una elevada repercusión en la promoción de la igualdad y la inclusión social, y favorece la igualdad de oportunidades de las niñas y niños de zonas rurales. Además, la extensión de la educación infantil contribuye a la detección y atención temprana de necesidades específicas.
Plan canario
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias continúa los trabajos para la aprobación del Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil de Canarias. El jueves pasado, 23 de diciembre, el Gobierno regional firmó un convenio marco de cooperación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) por el que se establecen las fórmulas generales para la gestión y financiación compartida de las escuelas de titularidad municipal que imparten este nivel educativo.
De la misma manera, las dos partes, y en la misma fecha, suscribieron otro convenio de cooperación para la gestión del programa de ayudas destinadas a dichos centros.
Asimismo, el pasado 29 de noviembre, la titular del Departamento, Manuela Armas, presentó las líneas generales del mismo a los grupos parlamentarios para su conocimiento y a fin de que pudieran plantear aportaciones. En el archipiélago, esta acción pretende aumentar las plazas públicas hasta alcanzar el 40% de la población escolar entre 0 y 2 años en 2025.
Su aprobación es tanto un mandato de la Ley Canaria de Educación no Universitaria como un objetivo del Gobierno recogido en el Pacto de las Flores que coincide con el impulso que a esta etapa educativa escolar ha querido dar a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), además de ser un fin de la Agenda Canaria 2030.
