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23 Jun

Comisiones Obreras valora el curso 2021-22 como complejo y exigente

Canarias/ El presente curso en Canarias ha estado marcado por algunos hechos inéditos como la continuidad de la pandemia del coronavirus y la erupción del volcán en la isla de La Palma, con las complejidades que ello ha conllevado a la hora de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje con normalidad.

También, a nivel administrativo, se ha aprobado la nueva Ley de FP y el paso del profesorado técnico de FP del grupo A2 al A1. Aunque con bastante retraso respecto a lo fijado en la Ley Canaria de Educación, se está iniciando el impulso de la implantación de la enseñanza de 0 a 3 años en centros públicos. Sin embargo, aún no se sabe nada a ciencia cierta sobre los currículos de los distintos niveles educativos enmarcados en la implementación de la LOMLOE, por lo que para CCOO llegan tarde y producirán efectos negativos en el inicio del próximo curso. Además, hemos puesto sobre la mesa el incumplimiento del objetivo de alcanzar al menos el 5% del PIB de inversión en educación que continúa lastrando la mejora del sistema educativo canario.

El inicio de las clases se vio caracterizado por la disminución de las medidas anti-COVID, como el aumento de las ratios o la menor distancia interpersonal entre el alumnado, cuestión que se notó mucho en diciembre y principios de enero por el repunte de los contagios. Meses después, a principios del 2022, comenzó la campaña de vacunación en menores, generando controversias entre algunos sectores de la población que no pusieron nada fácil el cumplimiento de la misma para evitar la propagación del virus. Además, llegó el momento de decir adiós a las mascarillas, suponiendo esto, al principio, incertidumbre e inseguridad entre la comunidad educativa. Muchos cambios en poco tiempo.
Respecto al volcán de La Palma, hay que destacar que las consecuencias más devastadoras no tardaron en llegar: colegios enteros, viviendas, terrenos, fueron arrasados por completo en muy poco tiempo. Las/os docentes de la Isla, al igual que el alumnado, demostraron una enorme fortaleza, ya que, a pesar de la evidente problemática de infraestructuras y recursos, se organizaron lo más rápido posible para poder continuar con la labor educativa. Desde CCOO deseamos que las ayudas prometidas por el gobierno canario y central lleguen lo más rápido posible, a pesar de que ya van con retraso, para poder reconstruir aquello que la naturaleza se llevó por delante y que el próximo curso empiece con mejor pie en nuestra Isla Bonita.
La relación con la Administración no ha sido todo lo correcta y fluida que hubiéramos deseado. En más de una ocasión nos han llegado por los medios de comunicación informaciones importantes que influían directamente sobre el personal educativo o el alumnado, en vez de por las vías oficiales que se presuponen en estos casos. Esto, desde nuestro punto de vista, supone un abandono evidente de la negociación colectiva que esperamos que no sea la tónica general de aquí en adelante.
Tanto la nueva Ley de Formación Profesional como la LOMLOE llevan aparejadas un desarrollo normativo que va a afectar al desarrollo del próximo curso. Hemos observado cómo la administración educativa ha tenido que ir cambiando de postura en determinados temas como el asunto de la Geografía e Historia de Canarias o la formación básica inicial en los centros de enseñanza de personas adultas por falta de debate previo debido a las prisas para poder disponer a tiempo de los nuevos currículos, pero se comenzará el curso 2022-23 sin contar con la totalidad de ellos, nuevamente con incertidumbre e improvisaciones.
Con siete años de retraso respecto a lo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, se ha comenzado a trabajar en un Plan estratégico para el Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias (0-3 años), y aunque es urgente y necesario, no deja de ser otro de los incumplimientos de la Ley Canaria de Educación que evidencia el olvido en el que se mantiene la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias, pues la oferta que se realiza para el próximo curso, para nuestra organización, sigue siendo insuficiente.
En estos últimos días, tras muchos años de lucha sindical, la Administración educativa ha anunciado la supuesta consolidación de más de 1600 docentes en Canarias para el curso 2022-23 con varios objetivos: continuar con la mejora de la atención a la diversidad, dotar de recursos en centros de entornos desfavorecidos, impulsar el desarrollo de proyectos educativos, reducir la jornada lectiva de maestras y maestros, pasando de las 25 horas semanales actuales a 23 para mejorar las condiciones de trabajo y la disponibilidad horaria en los centros, además de otras que afectan a las ratios de orientadores/as de los EOEP, al profesorado de audición y lenguaje o al de Pedagogía Terapéutica. Esto podría suponer la reducción de las ratios de alumnado por grupo en los IES y eliminar los grupos de niveles mixtos en los CEIP. No obstante, es ahora cuando se está negociando sobre este asunto, por lo que habrá que esperar y estar vigilantes para confirmar que esto sea realmente así.
No obstante, desde CCOO queremos recordar que son muchas las reivindicaciones de nuestra organización que la administración elude como son: la reducción de jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, para lo cual hemos iniciado una campaña en change.org; la reducción de ratios de forma generalizada; un mayor aumento de la plantilla docente; el uso de horas lectivas del profesorado de Formación Profesional para acelerar de forma importante el proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación; la reducción de la burocracia en los centros; la regulación de las condiciones laborales de las diferentes figuras que se han ido incorporando a los centros educativos, principalmente por el desarrollo del proyecto PROA+; la mejora de los espacios e infraestructuras de los centros educativos; la potenciación de la formación en competencia digital del profesorado... Algunas de ellas no suponen incremento en la inversión, aunque insistimos en la necesidad de llegar al menos el 5% del PIB, tal como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

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