Para ello, las armas fueron trasladadas hasta una empresa siderúrgica situada en la península. Allí, tras un proceso de fundición, el acero obtenido se destinará a fabricar nuevos objetos de uso cotidiano, cerrando un ciclo en el que instrumentos creados tiempo atrás para causar daño se transforman ahora en elementos útiles para la vida diaria.
Entre las piezas destruidas destacan, por su gran volumen, las escopetas. Sin embargo, también figuraban rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarina, armas blancas, de alarma y señales, entre muchas otras tipologías.
Las razones por las que estas armas habían llegado a depósito eran diversas: algunas correspondían a propietarios que solicitaron expresamente su destrucción; otras estaban sujetas a resoluciones judiciales o administrativas; también figuraban aquellas depositadas a petición de particulares y que superaron el plazo máximo establecido de un año; e, incluso, armas prohibidas al carecer de número de serie, marca o punzones oficiales.
Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF), una estrategia global destinada a dar cumplimiento tanto a la legislación nacional como a la Directiva de Naciones Unidas sobre armas. Con el PICAF, la Guardia Civil busca prevenir riesgos tan graves como el tráfico ilegal, la recuperación indebida de armas inutilizadas, la transformación de armas de alarma o aire comprimido en armas de fuego reales, e incluso la fabricación artesanal de ingenios capaces de disparar proyectiles.
