Entre las principales aportaciones del Colegio, destaca la necesidad de incorporar una clasificación de las explotaciones ganaderas en el contenido normativo de las DOSA, así como establecer distancias mínimas entre estas explotaciones y el suelo urbano, urbanizable o los asentamientos rurales. Para ello, propone tomar como referencia los planes territoriales especiales de la actividad ganadera de Tenerife y Gran Canaria, ya consolidados en esta materia.
Otro de los puntos relevantes es la protección del suelo agrario frente a la implantación de energías renovables, ante la falta de salvaguardas actuales que podrían comprometer la actividad agrícola.
Se plantea, además, identificar y delimitar las zonas aptas para el pastoreo, incorporando este uso en las subcategorías de suelo rústico coincidentes, a fin de mantener la actividad ganadera extensiva y su función ambiental.
Los ingenieros agrónomos proponen también valorar como suelo agrario de especial interés el situado a más de 1.000 metros de altitud y delimitar reservas territoriales agrarias de adaptación climática en las que quede incluida dicha superficie estratégica, dado que, es la única superficie cultivable que puede albergar frutales templados con necesidades de horas de frío para poder completar su ciclo productivo.
Asimismo, el Colegio solicita criterios de ordenación específicos para el planeamiento ambiental, territorial y urbanístico cuando su ámbito coincida con los parques agrarios, con el fin de garantizar una gestión coherente y sostenible de estos espacios.
Entre las alegaciones más innovadoras se incluye una directriz de aplicación directa que facilite la recuperación de suelos cultivables abandonados, incluso en terrenos parcialmente recolonizados por ejemplares de pino canario de manera dispersa, promoviendo así la producción local de alimentos y la prevención de incendios forestales.