Según el Colegio de Trabajo Social, los datos dibujan claramente la emergencia social que soporta el Archipiélago, donde una de cada tres personas viven en condiciones de pobreza y la tasa de desempleo supera el 31%. Sin embargo, esta realidad no se plasma en la inversión que se destinan en la Comunidad Autónoma a los servicios sociales. De hecho, el gasto en las Islas por habitante y año es de 155,7 euros, cifra muy inferior a la media estatal que se sitúa en 280 euros.
La presidenta añade que "estos datos revelan un grave nivel de desigualdad", por lo que el Colegio de Trabajo Social augura un "notable aumento de desestructuración social y marginalidad, puesto que desde las administraciones públicas no se está dando una respuesta adecuada a la gravedad de la situación; por el contrario se están aplicando unos recortes presupuestarios que merman equipos profesionales y medios materiales para mantener la ya debilitada cohesión social".
Estas circunstancias han llevado al Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, junto con el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Las Palmas, a elaborar un documento que elevarán al Gobierno de Canarias, en el que abogan por la recomposición del modelo que rige el sistema público de servicios sociales en las Islas. El principal objetivo es que se concreten fórmulas de financiación estables que se adapten a las características territoriales del Archipiélago. Es decir, reclaman que se garantice la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas a todos los ciudadanos en situación de necesidad y que esta garantía se plasme en una Ley.
En este sentido, Belén Luis insiste en que "se trata de atender derechos de los ciudadanos que ya están recogidos en normas y leyes estatales y regionales; el Gobierno de Canarias debe garantizar los créditos suficientes para sufragar estos servicios". Para asegurar la financiación adecuada, piden que se cree una comisión de trabajo interadministrativa que procure la sostenibilidad económica del sistema público de servicios sociales de Canarias. Mientras tanto, exigen que el Gobierno de Canarias evite cualquier reducción presupuestaria en las partidas de políticas sociales.
