El fiscal sostiene en su escrito, que tiene 29 páginas, que "las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación". Para Horrach, la investigación llevada a cabo por el juez José Castro sobre las actividades de Aizoon, la empresa que la infanta e Iñaki de Urdangarin tiene no ha portado "un solo elemento de prueba que vincule a doña Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas".
El fiscal advierte de que "conviene rescatar y reproducir" los comentarios que efectuó el propio juez instructor, José Castro, en el auto de 5 de marzo de 2012. El juez afirmó con relación a la imputación de la infanta que "prestar declaración en calidad de imputada no tiene como finalidad de buscar en su curso hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad contra ella, sino posibilitar que dé su versión sobre los que ya existen".
El fiscal hace suyas estas palabras y otras del juez en las que sostenía que "los indicios han de existir previamente, tener un carácter objetivo, lo que equivale a que no sean fruto de meras elucubraciones por mucho que éstas puedan ser compartidas por un número más o menos amplio de personas, y ser racionales"
"Todo ello -concluye el fiscal- sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".
Antes de que el juez del caso proponga su imputación
No es la primera vez que el fiscal se opone a la imputación de la infanta Cristina. De hecho, Horrach presentó un recurso ante la Audiencia de Palma después de que el juez José Castro decidiera esta primavera imputarla por considerar que si que existían indicios de "cooperación necesaria" de la hija del rey en los delitos que se investigaban relacionados con su marido. Entonces la Audiencia de Palma anuló la imputación al concluir que no había indicios que pudieran demotrar que la infanta intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos liderada por su marido y su antiguo socio Diego Torres a través del Instituto Noos.
La Audiencia de Palma, sin embargo, dejó la puerta abierta para que el instructor Castro pueda finalmente imputar a la infanta por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales si la Agencia Tributaria confirma la defraudación cometida a través de Aizóon.
Este escrito de la Fiscalía Anticorrupción llega antes de que el juez instructor del caso, el juez de Palma de Mallorca José Castro, hubiera planteado a las partes la posibilidad de encausar a la hija del rey por la presunta participación en los negocios de su marido.
Ahora el magistrado deberá decidir en próximas semanas si acuerda o no el encausamiento por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
