El fin de este decreto es agilizar el procedimiento para así aumentar el número de resoluciones y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en nuestra comunidad, aclaró Valido, quien matizó que se han recibido en torno a unas 60 aportaciones al decreto, "que han sido presentadas por usuarios, particulares, profesionales del sector, trabajadores de la Dirección General, colegios profesionales, corporaciones locales, organizaciones sindicales y algún grupo político".
No obstante, aclaró que muchas aportaciones deben ser tenidas en cuenta mientras que otras no procede incluirlas en un decreto que regula el procedimiento del reconocimiento de la dependencia, pero "eso no significa que no hayan sido ya tenidas en cuenta o vayan a serlo en el futuro".
La responsable del área indicó además que, en la actualidad, la directora general de Dependencia está celebrando reuniones con el personal de los servicios del área de Dependencia de ambas provincias, con el fin de constituir una mesa técnica para el estudio de las aportaciones y la mejora del texto. La consejera pidió calma a los diputados porque "un decreto así, trabajado y consensuado beneficiará a miles de personas, que es lo que importa".
"Lo que buscamos con esta nueva normativa", aclaró Valido, "es reordenar el procedimiento y ampliar la base de personal capacitado para la realización de las actividades; por tanto, no se crean procesos ni actividades nuevas ni hay incidencia en los gastos de funcionamiento de la administración competente en la materia".
Como novedad, Valido destacó la incorporación de todo un capítulo en el decreto dedicado a regular las funciones de las personas valoradoras y de los equipos técnicos de valoración, "con el fin de definir con claridad y mayor seguridad jurídica los perfiles profesionales de estas personas en el ejercicio de sus tareas en el seno del procedimiento, tanto para el reconocimiento del grado de dependencia como para la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), posibilitando la interdisciplinariedad de todos los profesionales del área sociosanitaria adscritos a los servicios de valoración de la dependencia".
Además, aclaró que el decreto va acompañado de otras medidas que ayudarán a la mejora en la atención y simplificación del trámite de expedientes, como es el propio gestor de expedientes, el incremento de servicios de la cartera de servicios o la dotación económica suficiente para otorgar prestaciones económicas o de servicios.
En consecuencia -concluyó la consejera de Políticas Sociales-, el proyecto de decreto no podrá ser la única medida que sirva para solucionar el problema de las listas de espera del sistema de la dependencia en Canarias, sino, más bien, deberá venir aparejado con un conjunto de medidas, como el incremento de más efectivos humanos en los equipos de valoración y el incremento presupuestario.
