Tras la organización de los vecinos en una plataforma para su defensa, se consiguió parar todos los desahucios instados por Luri 6, propiedad del citado banco, y negociar la compra de los inmuebles por el Gobierno de Canarias.
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo de Tenerife, adquirieron una serie de compromisos para la regularización de los contratos de las familias que los habitaban. Estos acuerdos debían ser cumplidos por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN).
Nueve meses después, finalizado un largo proceso electoral que ha tenido como resultado un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
Gobierno de Canarias, los vecinos de las 358 viviendas aún no han visto finalizado el proceso de regularización de sus contratos. Dicha regularización implicaba los
siguientes acuerdos:
- Paralización de todos los desahucios y desistimiento de los procedimientos judiciales instados por Luri 6.
- Estudio de las deudas y posibilidad de fraccionamiento de pago.
- Regularización de los contratos.
- Adaptación de las rentas a la realidad socioeconómica de cada unidad de convivencia.
- Estudio de la situación socioeconómica de las unidades de convivencia que ocupan viviendas sin tenencia legal.
- Posible regularización en caso de estar en situación de vulnerabilidad.
- Compromiso de no desalojar a ninguna unidad de convivencia de su vivienda sin previo estudio de su situación socioeconómica.
- En aquellos casos que no cumplan los requisitos establecidos por la norma actual, se hará una búsqueda de alternativas para su realojo.
Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que mantenía un convenio con Luri 6, por el que 66 familias vulnerables podían acceder a una vivienda a través de ayudas, se comprometió, junto a Gobierno de Canarias y Visocan, a la ampliación del mismo y la ejecución de un Plan de Choque, para integrar a más de 70 familias con escasos ingresos o sin ingresos, que no pueden hacer frente a las rentas establecidas.
La preocupación entre los vecinos ha crecido, pues el proceso electoral ha retrasado la regularización de los contratos, las agendas de Servicios Sociales van a permanecer cerradas hasta el 1 de septiembre y las trabajadoras y trabajadores sociales del ayuntamiento no tienen información y no pueden empezar a tramitar nada sin los nuevos contratos, lo que hace que las deudas de los vecinos se incrementen, y aumente el riesgo de desahucios por impago de rentas.
Los vecinos piden al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se pronuncien y respeten los compromisos adoptados con los vecinos, agilicen los trámites de regularización y establezcan cuanto antes el Plan de Choque, necesario para las familias vulnerables.

DESC-CANARIAS
Plataforma pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias