La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, lamentó hoy la escasa consideración que ha tenido el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con las necesidades que hay en el Archipiélago. El Estado ha incrementado en 5 millones la partida para políticas de pobreza infantil en el conjunto de las comunidades autónomas, pero esa apuesta por combatir la exclusión en la infancia no ha tenido un reflejo en las Islas.
De hecho, además de esta disminución, el departamento que dirige María Luisa Carcedo todavía adeuda 18 millones para políticas para combatir la pobreza en general que tenían que transferirse a Canarias en 2018 y que aún no han llegado, y otros 30 millones correspondientes a 2019. Cabe recordar que Canarias consiguió que se incluyera en los prespuestos de 2018 una partida de 30 millones para combatir la pobreza de la que solo se llegaron a abonar 12 y apenas unos días antes de que finalizara el año. Esos fondos tendrían que haberse incluido también en las cuentas de 2019 al prorrogarse las del ejercicio anterior, pero no ha sido así. El argumento que ha esgrimido el Ejecutivo central es que esos recursos tenían carácter nominativo y no podían prorrogarse de manera automática. Sin embargo, se puede autorizar vía real decreto en Consejo de Ministros, tal como se hizo con el Plan Integral de Empleo de Canarias, una medida que se aprobó "in extremis" poco antes de las elecciones generales y gracias a la insistencia del Gobierno autonómico.
Para desbloquear la transferencia de los citados 18 millones de 2018, Valido se reunió en enero de este año con la ministra Carcedo, quien se comprometió a transferir a las Islas esta partida, un compromiso que no se ha hecho efectivo. "Los incumplimientos, unidos a los retrasos en el abono de parte de los fondos previstos, dificultan enormemente la planificación de actuaciones, muchas de ellas a través de ayuntamientos. Y, al final, los grandes perjudicados son los ciudadanos", explica la consejera. Otra prueba de ello es que en 2017 el Gobierno central también se retrasó en el ingreso de esta partida para Canarias, lo que generó problemas en los ayuntamientos a la hora de la ejecución, aunque finalmente esta llegó al 85%.
"Es intolerable que no se respeten los acuerdos alcanzados y no se trasladen las partidas en tiempo y forma, de manera que podamos planificar adecuadamente y atender las necesidades de nuestra población", denunció la consejera. "A pesar de que Canarias ha conseguido rebajar la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza, en 8 puntos en los últimos dos años, el mayor desempeño de todo el país, todavía tenemos que trabajar para mejorar unos indicadores que siguen siendo elevados. Esa realidad debería unir a las fuerzas políticas, más allá de las siglas, en un objetivo común: combatir la exclusión social y conseguir que nuestra región siga prosperando. Por eso pedimos al Partido Socialista en Canarias que exija al Ejecutivo central, donde gobiernan los suyos, que deje de maltratar a esta tierra y a sus instituciones. Nuestros ciudadanos no se merecen ese desprecio".