La coordinadora de la Federación Nacional de Salud del sindicato, Catalina Darias, entiende los problemas que hay para adquirir este material, dada la creciente demanda que existe en el mercado internacional, pero asegura que "estas complicaciones no justifican la dejación que ha mostrado el Ejecutivo regional a la hora de buscar alternativas que garanticen la seguridad de nuestros sanitarios".
Asimismo, el sindicato considera que el Gobierno de Canarias debería confiscar los excedentes de EPIs que aún puedan estar disponibles en los centros sanitarios privados de las Islas.
"Se trata de medidas encaminadas a incrementar los niveles de seguridad del personal del SCS, pero también el de los trabajadores de aquellos servicios esenciales con mayor riesgo de contagio por coronavirus, como los empleados de los centros de mayores", ha explicado Darias.
Intersindical Canaria recuerda que las administraciones públicas deben velar por que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una circunstancia que, a día de hoy, no se está dando.
En este sentido, Darias ha señalado que "no puede recaer en la capacidad de acción del personal sanitario el diseño y la fabricación de instrumental de protección. Sin embargo - continúa la representante sindical - son numerosas las iniciativas surgidas desde la sociedad civil para suplir la falta de soluciones efectivas puestas en marcha por los responsables públicos".
La organización sindical ha explicado que en caso de que tanto el Gobierno de Canarias como el Ministerio de Sanidad sean incapaces de dotar al personal del SCS de EPIs suficientes, activarán los mecanismos jurídicos necesarios para revertir esta situación.
