Según ha señalado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, a la hora de defender ambos proyectos de ley ante la Cámara autonómica, con la creación de estos dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía se da cumplimiento a los principios de buena regulación, ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que su creación está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representarán y defenderán los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelarán y protegerán los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.
En este sentido, Julio Pérez ha explicado que la ley básica que regula los colegios profesionales pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y los intereses de quienes reciben sus servicios. Algo que en este caso tiene gran relevancia, porque las personas que acuden a los pedagogos y psicopedagogos son personas en una especial situación de necesidad de atendimiento y compañía.
El consejero ha añadido que son personas que están en el camino del aprendizaje, que están queriendo aprender, que tienen que aprender, y que en ese camino del aprendizaje necesitan una asistencia.
Ha citado a algunos colectivos concretos como el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, a quienes tienen trastornos de déficit de atención, las personas con especiales condiciones o especial historia escolar o quienes han hecho una incorporación tardía al sistema educativo, quienes tienen altas capacidades educativas, que también requieren una atención pedagógica especial.
Todas ellas, ha indicado, tienen que aprender a aprender y, probablemente, aprender sea lo más importante que se hace en la vida, una circunstancia a tener muy en cuenta a la hora aprobar su creación.
Esta iniciativa para poner en marcha estas dos corporaciones de Derecho Público afecta a cientos de profesionales, tanto de la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife. Algunas de sus promotoras asistieron ayer en el Parlamento de Canarias a su aprobación, acompañadas de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra.
