Servicios Públicos UGT Canarias, tras iniciar una roda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, logra que por unanimidad se apruebe en sede parlamentaria una proposición no de ley (PNL), cuya finalidad es solicitar al Gobierno de Canarias que traslade al Ejecutivo central la precaria situación de las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) en las Islas.
El texto, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento (BOP) el pasado 9 de junio, acuerda solicitar a la Dirección General/Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la reserva de plazas suficiente que compense el déficit creado, principalmente en la provincia tinerfeña al ser la más afectada actualmente. Además, se especifica la necesidad de arbitrar una medida urgente de cobertura de plazas creando puestos como interinos hasta que se haga efectiva la nueva oferta pública. Así como priorizar la creación de una reserva de estas para ambas provincias, tal y como ya sucediera en los concursos de 2008 a 2010, con el fin de garantizar la ampliación de la plantilla y mejorar la ratio entre número de habitantes/efectivos.
Según los últimos datos de los que dispone esta federación, las oficinas dependientes de la administración pública del Estado en Canarias disponen de hasta un 30% menos de personal respecto a otras CCAA. Lo que supone una carga laboral y un retraso en los servicios/gestiones realizadas por el personal, generando desasistencia a la ciudadanía canaria. Así, por ejemplo, los servicios que el INSS presta en la provincia tinerfeña, como por ejemplo jubilaciones, viudedades, orfandades, pagos directos, solicitudes de maternidad/paternidad, revisiones de o incapacidad, acumulan retrasos de meses, incluso años, cuando la media nacional es de un mes para la resolución de cualquier trámite.
Durante la situación provocada por la pandemia se ha agudizado dramáticamente esta situación, llegando a colapsar oficinas tanto en la capital grancanaria, como en la tinerfeña. Situación que ha obligado a los canarios y canarias a acudir a gestoría privadas para realizar unos trámites que deberían ser ofrecidos por personal público y de manera gratuita. Esta circunstancia se ha replicado en todo el territorio del Estado, evidenciando la escasez de medios humanos y materiales en todo el organismo, pero su repercusión ha sido mayor en las islas por la acuciante falta de personal.
Provincia de SC de Tenerife
La circunstancia diferencial en el caso de la provincia de S/C de Tenerife es la de una infradotación de recursos derivada tanto de la insuficiente dimensión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como del índice de ocupación de la misma.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social en S/C de Tenerife ha llegado a un punto de colapso que la defensa, tanto de la salud de los empleados públicos como de la calidad del servicio que debemos, urge de una intervención inmediata por parte del Estado.
De las dos oficinas que prestan servicio, una está actualmente cerrada y la otra solo dispone de 10 empleados/as, para dar cobertura a Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. La ubicada en el sur tan solo dispone de 4 funcionarios/as.
La Palma, por ejemplo, carece de un facultativo médico para las revisiones oportunas de los trámites que requieren de dicho informe, como son prestaciones, incapacidades o jubilaciones.
