Entre las funciones principales reconocidas a estos órganos se establecen, la de velar por el prestigio y el fomento de la figura de calidad, la promoción y la información a los consumidores de las características específicas de sus productos, establecer las condiciones de uso de marca, llevar los registros donde se inscribirán los operadores, así como garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones que rige cada uno de los productos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, a los que representa.
Esta ley, propiciada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, da respuesta a una demanda del sector que ya se dejó patente en acuerdo de la Asamblea General de ASPROCAN en marzo de 2014, donde se declaraba la importancia de que Canarias contase con un marco legislativo que permitiese acompasar las actividades propias que la asociación ha venido realizando desde hace más de veinte años con la marca Plátano de Canarias con el nuevo status que representa, además, ser reconocida como Indicación Geográfica Protegida (IGP).
Tras la aprobación de esta ley, ASPROCAN, como agrupación solicitante de la IGP Plátano de Canarias y responsable de la marca colectiva Plátano de Canarias, consolidará su actuación como órgano de gestión, reforzando sus actividades como responsable del funcionamiento de la IGP.
En este sentido, una de las funciones asignadas que se verá reforzada es la de supervisión y actuación ante cualquier uso incorrecto de Plátano de Canarias ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes, lo que refuerza los mecanismos existentes de lucha contra el fraude al que se enfrentan sus operadores.
