El pasado ejercicio las bajas computadas por este motivo, respecto del total de procesos de incapacidad temporal registrados, representaron el 17%. Se trata, según se refleja en este estudio, de bajas cada vez más prologadas en el tiempo pasando de 86 días a 96 en 2023 (+12%). A lo que se une que el 64,5% es de carácter reincidente poniendo de manifiesto una cronificación del problema.
El informe advierte que la generalización del uso de dispositivos y herramientas digitales ha generado una disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, cuya conexión con el entorno laboral y sus superiores se prolonga más allá de la jornada laboral. Las empresas están facilitando el acceso remoto al trabajo a través de dispositivos y software corporativo, según datos del INE más del 87% de las empresas con más de 10 trabajadores/as permite a sus plantillas acceder al correo electrónico de forma remota, en el caso de microempresas este porcentaje llega al 64%.
En cuanto al acceso a documentación corporativa, el 77% de las empresas de mayor tamaño y el 49% de las más pequeña lo permiten telemáticamente. Además, el 44% del personal de empresas con más de 10 empleados disponen de equipos portátiles facilitados para trabajar de forma remota, lo que supone que esto afecta a más de 5,7 millones de personas en España. Si nos fijamos en las empresas más pequeñas la cifra llega a 1.9 millones, es decir, el 56% de su personal. En total, se estima que 7,74 millones de personas trabajadoras en España disponen de dispositivos corporativos que permiten su conexión al entorno laboral de forma continuada.
Ante esta situación, desde UGT se exige que se lleven a cabo reformas profundas que protejan el derecho al descanso y a la desconexión digital real. La central considera insta al Gobierno a modificar el Estatuto de los Trabajadores para incluirla prohibición expresa de contactar fuera del horario, salvo caso de emergencia, que la conexión remota y fuera de horario cuente como tiempo efectivo de trabajo, obligatoriedad de protocolos de desconexión en la Negociación Colectiva, e inclusión del derecho a la desconexión en la evaluación y planificación de la prevención laboral.
