Lógicamente, el rescate de los servicios debe incluir la subrogación del conjunto de los trabajadores de la empresa cesante tal como está establecido en los respectivos convenios de los sectores de Limpieza y Seguridad.
El gobierno canario y otras instituciones públicas como la Universidad de Las Palmas, los cabildos o los ayuntamientos, no pueden continuar mirando a otro lado cuando el dinero público que entregan a las empresas adjudicatarias de servicios, es malversado por éstas mediante el fraude de la sobreexplotación y la retención del abono de los salarios que corresponden a los trabajadores, prácticas estas que han merecido diferentes sentencias condenatorias de los tribunales de Justicia, según Intersindical.
Para Intersindical Canaria, el mantenimiento de relaciones de prestación de servicios con los empresarios infractores, coloca a las diferentes instituciones públicas en cómplices directos del delito y supone un incentivo para las empresas a continuar cometiendo fraude laboral. Ello, aparte de los demostrados perjuicios que estas empresas crean a los diferentes servicios a la ciudadanía mediante el fomento de la conflictividad laboral.