Fruto de esta colaboración se han puesto en marcha medidas cuya financiación corre a cargo de la Dirección General de Trabajo, con un total de 120.000 euros, y que serán implementadas por sindicatos y empresarios. Así, se ha previsto la puesta en marcha de cuatro planes de actuación dirigidos a trabajadores y empresas, que se concretan en un portal en internet de información y asesoramiento específico en el ámbito de la economía sumergida, dos estudios sobre la economía sumergida y el empleo irregular, abordando la perspectiva empresarial y la de los trabajadores, y un plan de sensibilización e información de protocolos de actuación ante las situaciones de empleo irregular y economía sumergida en las Islas.
Además, Margarita Ramos ha explicado que "hemos considerado la conveniencia de crear un Observatorio contra el Fraude, así como de elaborar un protocolo de actuación entre las administraciones para abordar el problema del empleo no declarado. Se pretende incidir en la coordinación de los servicios de Inspección regional y nacional e intensificar los esfuerzos para el afloramiento de empleo no declarado, trabajando especialmente en aquellos sectores y actividades en los que es más fácil que exista economía sumergida y empleo irregular".
Por otra parte, la consejera se ha referido a la financiación de dos proyectos en colaboración con el ámbito municipal y con una empresa de inserción para el análisis de la economía sumergida en el campo de Atención Socio Sanitaria en los Servicios a Domicilios, su afloramiento a través de la Inserción Sociolaboral y la Formación en el campo de la Seguridad Laboral. Según ha explicado, este es un ámbito en el que hay posibilidades de aflorar empleo no declarado y, en consecuencia, de mejorar la situación de las personas que ejercen de cuidadores sin acceso a unas condiciones laborales reguladas que les permitan cotizar, cobrar desempleo en caso de paro, estar bajo la protección de la Seguridad Social o disfrutar de los periodos vacacionales establecidos.
