Esta Ley mantiene entre sus prioridades la creación de un ecosistema, orquestado a través de la puesta en marcha de planes y estrategias específicas, que apuestan claramente por el emprendimiento y por la economía social. De esta manera quedó refrendado en el denominado 'Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias', del cual formamos parte junto a otras fuerzas sindicales e instituciones, y mediante el cual se trabaja con el fin de recuperar la economía canaria tras el batacazo provocado por la Covid19, cuyas cifras son "sangrantes" con más de 87.000 trabajadores/as en situación de ERTE, la mayor parte ligados al sector servicio, y 280.650 desempleados/as.
Estos datos son fiel reflejo de una realidad laboral/económica "específica" de las Islas, circunstancia que desde la central sindical hemos venido denunciando reiteradamente ya que en los últimos años las Canarias se han afianzando a en el vagón de cola en cuanto desempleo y precariedad laboral. Si bien, en la actualidad existe una Ley estatal para el desarrollo de la economía social, esta deja la puerta abierta al desarrollo específico según las particularidades de los territorios, como es el caso más que demostrado de Canarias.
Dentro del marco de financiación específica que recoge el anteproyecto de Ley, esta misma semana, el Ejecutivo canario ha dado conocer un plan de actuaciones valorado en más de 700.000€ con un período de ejecución a cuatro año. Inversión que irá destinada directamente a la implementación y/o puesta en marcha de proyectos de economía social.
Por todo esto, para este sindicato el desarrollo de este marco legal específico es un derecho para la ciudadanía, sobre todo para las nuevas generaciones ávidas de iniciar nuevas fórmulas empresariales, que vayan más allá del sector servicio y del turismo con la finalidad de generar empleo.