Para poner coto a la explosión incontrolada de este modelo de negocio, el cual está provocando una animadversión hacia el turismo nunca antes vista por la masificación de los centros de las ciudades y la expulsión de los residentes a la periferia, el Ejecutivo autonómico trabaja con celeridad para tener lista la nueva legislación.
Grosso modo, limitará el alquiler vacacional en las zonas más tensionadas, exigirá más requisitos a los propietarios de pisos turísticos (como el permiso expreso de los vecinos), dará prioridad al uso residencial de las viviendas y pondrá como condición que las viviendas tengan al menos 39 metros cuadrados, entre otras medidas.
Paralelamente, bloqueará la concesión de nuevas licencias hasta que se autorice en la planificación urbanística de cada municipio. El planteamiento será el siguiente: el 90% de la edificabilidad prevista por la ordenación urbanística será para uso exclusivo para uso residencial, quedando solo el 10% restante para nuevas plazas de uso turístico (20% en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro).
