La nueva ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas que prepara el Gobierno de Canarias ya tiene un firme opositor. Se trata del Ayuntamiento de Mogán, que reclama que el borrador sea suspendido para llegar a un consenso con los municipios a través de una mesa de trabajo.
En primer lugar, alerta de que "impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes por los requisitos urbanísticos y administrativos a los ayuntamientos, así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles, prácticamente de imposible cumplimiento" (Aprobado el trámite de la ley de uso de viviendas turísticas en Canarias).
Así, aunque está de acuerdo con la necesidad de "ordenar y regular" este segmento, que ha crecido de manera desorbitada en la última década, el consistorio considera que "esta propuesta de ley no va a resolver la problemática de emergencia habitacional mientras no se incentive a los propietarios a poner en régimen de alquiler de larga duración el gran volumen de viviendas vacías actuales".
Además, critica que supone una "intromisión de competencias municipales". Concretamente, se opone al "papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales, responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada", trámite que, en su opinión, "debe corresponder a los cabildos insulares".
Con todo ello, el Ayuntamiento de Mogán presentará alegaciones a esta propuesta de ley. Defenderá su postura de que "invade competencias municipales, y además es totalmente restrictiva y de imposible cumplimiento para los pequeños propietarios de viviendas vacacionales".
