Tras varios meses de ocupación de un complejo que cerró a raíz de la pandemia, sus instalaciones han sido objeto de la entrada ilegal y residencia de varios centenares de personas, sin que la propiedad del establecimiento haya recibido respuesta a ninguna de las peticiones o acciones que ha emprendido para su recuperación frente a quienes han ocupado su propiedad.
Según la información facilitada por sus propietarios, la citada ocupación "no parece el resultado de una acción fortuita por parte de personas en busca de una vivienda, sino que se trata, a todas luces, de una operación orquestada y diseñada para hacer negocio por parte de un grupo de personas que, contraviniendo un sinfín de normas, se está dedicando a alojar sin ningún permiso ni título para ello a personas en el citado hotel".
La patronal hotelera lamenta que a pesar de la peregrinación de sus propietarios por los juzgados y diversas administraciones públicas denunciando la situación, el resultado hasta ahora ha sido nulo para sus legítimos intereses sobre su propiedad y se ven obligados incluso a seguir pagando el suministro de agua y luz a quienes han ocupado ilegalmente su propiedad.
Incluso, ya se están produciendo diversos incidentes relacionados con la falta de seguridad, entre quienes han ocupado el inmueble y los vecinos residentes, por amenazas, pequeños robos o menudeo de drogas, entre otros. También son frecuentes las peleas y riñas entre los ocupantes del inmueble, así como amenazas entre ellos y hacia terceros.
El mayor peligro tiene que ver con el uso descontrolado e ilegal de diferentes tipos de suministros, como el uso de bombonas de gas butano dentro de las propias habitaciones del hotel, o conexiones al suministro eléctrico, sin ningún tipo de supervisión técnica o control de instalador, con el riesgo que ello supone.
Ashotel se pregunta quién asumirá la responsabilidad en caso de que se produzca un accidente por la mala manipulación y uso de estos dispositivos y conexiones, como una deflagración por gas o una electrocución por parte de quienes están ocupando el inmueble.
"Todo el mundo es consciente, da igual a quién se le pregunte, de que una situación como ésta atenta contra las normas básicas que rigen en un Estado democrático y en el que el derecho de propiedad debe ser objeto de protección por parte de los poderes públicos cuando así se le solicita. Y no puede tener más derecho quien ocupa ilegalmente un edificio que no es suyo que su legítimo propietario, que es precisamente lo que está ocurriendo en este caso", explica Ashotel. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, esta situación de ocupación ilegal de un inmueble tiene visos de eternizarse por la inacción de las administraciones públicas, a pesar de las múltiples acciones llevadas a cabo por los titulares del inmueble, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta por parte de ninguna administración.
Por todo ello, la patronal hotelera insiste en la urgente intervención de los poderes competentes para resolver una situación que no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que supone ya un foco de seguridad pública y un lugar en el que pueden llevarse a cabo delitos asociados como menudeo de drogas, robos, acoso a viandantes, etc.
