Como magos de salón, nos van sacando de la chistera cuando les conviene los asuntos contra los que quieren ir a degüello.

 A finales de octubre de 2011 publiqué en este medio de comunicación un texto (Keynes o Friedman) en el que hablaba sobre la confrontación entre ajustes o crecimiento.

No pretendo plantear con este artículo un debate sobre Monarquía o República –algo, por otra parte absolutamente legítimo- sino profundizar en la necesidad de buscar elementos que frenen el deterioro creciente e imparable de la Democracia española y las instituciones que la sostienen.

Y qué bien le sienta el petróleo. Confieso que en estos últimos días he estado tentado de coger los bártulos, levantar mi casa y trasladarme a vivir definitivamente al paraíso que, según me han contado, ha propiciado Repsol en los últimos años en la antigua Tarraco romana.

Uno de los efectos perversos de esta terrible crisis que estamos viviendo es la creciente desigualdad en la distribución de la renta que se está colando en nuestra sociedad.

Desde que Felipe González iniciara durante su mandato el proceso de privatización de las eléctricas públicas españolas dando entrada al capital privado en las compañías y desde que José María Aznar culminara, a partir de 1996, el proceso de su desnacionalización total, -por aquello de la globalización, la liberalización a la que obligaba el neoliberalismo rampante y la necesidad de hacer caja-, la constatación del sometimiento de los poderes públicos y la mayoría de los partidos políticos al lobby eléctrico se hace cada día más palpable.