Martín recordó que "el anterior grupo de gobierno ya tenía estos datos en 2017". Ese año, la auditoría realizada a la compañía encargada de la gestión del ciclo integral del agua advierte de la salida de 2,3 millones sin un título habilitante o que justificara la misma.
En su comparecencia, el edil explicó que "en 2007 el Consejo de Administración de Emmasa sin intervención de ningún órgano municipal decidió que los 59 millones de euros pagados como precio de licitación debe amortizarse porque lo entienden como un canon anticipado y debe ser devuelto a la empresa a razón de 25 partes iguales hasta la finalización del contrato". Esto supone que cada año de los del contrato Emmasa le abonaría 2,3 millones de euros a Sacyr como si el dinero pagado en 2005 no fuera el coste de la compañía, sino un préstamo que se hicieron.
El Ayuntamiento ha comprobado y certificado en diversos informes que no existe ningún tipo de documento habilitante que permita a Sacyr recuperar (mediante pagos anuales de 2.3 millones de euros abonados por la propia Emmasa) los 59 millones de euros que pagó en 2007 por hacerse con la gestión integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años.
La Junta de Gobierno, el pasado viernes 3 de julio, a la vista de la documentación obrante y de los informes emitidos tanto por la Dirección General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos como por la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, acordó incoar el procedimiento de interpretación del contrato suscrito con Sacyr para la gestión del ciclo integral del agua. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña mantiene que el derecho del contratista de recuperar su inversión quedó previsto en el contrato mediante formas de retribución expresamente establecidas en el mismo, estableciéndose que estas serían: el derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocio de Emmasa, por la transferencia del Know How, el eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos en la gestión de Emmasa y a la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le adjudican.
Igualmente se aprobó requerir a Emmasa para que, de forma cautelar, suspenda cualquier abono a Sacyr-Vallehermoso por el concepto de devolución del canon que tuviera realizar hasta que se resuelva el procedimiento de interpretación de contrato incoado y proceda a reclamar las cantidades indebidamente abonadas a Sacyr que a fecha de hoy asciende a un total de 29,9 millones de euros. El acuerdo incluye solicitar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz de la normativa vigente en materia mercantil, inste ante la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Emmasa de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse que es contrario al orden público, con las consecuencias jurídicas y económicas que de tal consideración se deriven.