Este proceso de transformación anunciado por la titular de Educación y FP, incluye la modernización de la Formación Profesional con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades.
Para todo ello, el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.
Derechos de la infancia como principios rectores
Por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación.
El proyecto de Ley defiende que la educación pública es el eje vertebrador del sistema abordando la tarea educadora acompañado de un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales.
Mayor personalización del aprendizaje
Asimismo, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. De igual forma, la educación para el desarrollo sostenible ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.
"Nuestra propuesta multiplica el esfuerzo, que ya no es solo del estudiante. Queremos un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática y como profesionales competentes. Nuestra sociedad necesita todos los talentos", ha subrayado Isabel Celaá.
La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y FP.
El proyecto de Ley aprobado hoy pretende extender la educación infantil 0-3, además asegura una distribución equilibrada del alumnado y refuerza la prevención de la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. "El objetivo de la LOMLOE es que el alumnado tenga más y mejores oportunidades educativas, el profesorado tenga los recursos necesarios para una educación más personalizada y las familias, una participación más activa", ha destacado Celaá.
La equidad y la excelencia como ejes de la transformación del sistema
La norma pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas. Se eliminan los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. Los alumnos y alumnas que superen la FP Básica recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Por otro lado, introduce evaluaciones-diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO para que los centros y profesores desarrollen planes estratégicos de mejora continua.
Modernización del currículo
El proyecto de Ley apuesta por la actualización del currículo, haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos. También se reformula el programa curricular de atención a la diversidad y se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Ordenación de las enseñanzas
La Educación Primaria se organiza en tres ciclos. La ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.
El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013 –un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial–.
Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.
Por otro lado, la norma garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una materia de educación en valores cívicos y éticos. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.
Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.
Participación de la comunidad educativa
El texto aprobado hoy incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa. Garantiza la participación activa de los padres y madres en el consejo escolar y la libertad de elección de centro. El profesorado verá reforzado su papel protagonista en la acción educativa mediante la capacidad de adaptar los planes de trabajo y aplicar pedagogías activas.
La nueva norma da prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación. De esta forma, aquellos que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su sexo o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la ley. En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual.
Amplio proceso de participación
El documento, que ha vuelto al Consejo de Ministros tras ser aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de febrero de 2019 y que no pudo ser tramitado en el Parlamento por la convocatoria electoral, es el resultado de un amplio proceso de participación con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas. El texto ha sido revisado por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo.
La ministra Celaá presentó el documento ante las Comisiones de Educación y FP del Congreso y del Senado. Por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el máximo órgano de la comunidad educativa) aprobó por mayoría absoluta el informe del anteproyecto presentado por la Comisión Permanente.