Para el diputado de IU Gaspar Llamazares, la intención del Gobierno de Canarias al descatalogar a los Sebadales tenía por finalidad allanar el camino jurídico que hiciera posible la construcción del puerto de Granadilla, por lo que tras la sentencia las obras son ilegales y deben paralizarse de inmediato. Con respecto a los 37 millones de euros, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, para cofinanciar el puerto de Granadilla, Llamazares pide que se destinen a sanidad, educación y servicios sociales en Canarias, puesto que de continuar destinados a esta obras se estaría financiando una obra ilegal. Obra que, el diputado de IU, ha calificado de innecesaria, ilegal, inviable, impactante e, inútil.
Izquierda Unida – Por Tenerife ha exigido en reiteradas ocasiones en los últimos días la paralización inmediata del Puerto de Granadilla tras la sentencia del Tribunal Supremo y considera clarificador que este alto tribunal ratifique la suspensión de la orden de la Consejería de Medioambiente que descatalogaba arbitrariamente los sebadales de la zona.
La sentencia del Tribunal Supremo viene a ratificar que el Puerto de Granadilla, además de ilegal, no reporta ningún beneficio a Tenerife, al contrario provoca graves perjuicios ambientales, sociales y económicos.
José Manuel Corrales y Miguel Ángel Pérez lamentan que se esté asfixiando intencionadamente al puerto de Santa Cruz, "como demuestran los datos de la propia Autoridad Portuaria que dicen que el Puerto de La Luz y Las Palmas creció un 8,5% y el de Santa Cruz decreció un 10,5%", sólo para intentar "justificar lo injustificable" y lo que el propio Tribunal Supremo ha considerado ilegal como es el pelotazo del Puerto de Granadilla. Los representantes de la izquierda plural insisten que "no se están tirando cientos de millones de euros al mar, ese dinero público en tiempo de crisis y recortes acaba en los bolsillos de los de siempre".
IU-XTF considera necesario recordar que la artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el archipiélago, lo que ha sido cuestionado abiertamente por el Tribunal Supremo.
