La Federación Ecologista Canaria entiende que el Gobierno de Canarias no puede ir en contra del interés general y de la protección del dominio público, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias.
Se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y atienda al deseo de la ciudadanía de percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio.
No se puede permitir que el dominio público y el espacio natural queden puestos en riesgo por intereses económicos particulares.
La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ya ha denunciado la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU tergiversando datos, defraudando a su plantilla y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos.
Hay que recordar que esta multinacional gestiona también el Oliva Beach, que también ha ocupado de forma privilegiada las Dunas de Corralejo y el Dominio Público Marítimo Terrestre.
La Federación considera lamentable que el Gobierno canario en vez de apoyar la demolición pretenda "buscar las vías de solución de manera conjunta con Riu", responsable de múltiples irregularidades y que lleva décadas degradando el espacio natural de la Dunas de Corralejo y aprovechándose de una serie de concesiones que nunca debieron otorgarse.
Recordamos que la multinacional RIU es responsable de esta situación y no puede presentarse como víctima. La multinacional RIU debe hacerse responsable de sus actos y acatar las reglas sin privilegios respecto al resto del sector turístico. Hay que recordar que estamos hablando de una empresa multinacional que contaba en 2018 con 95 hoteles (84 % en propiedad) en 19 países, entre ellos tres hoteles más de gran tamaño solo en Fuerteventura, 45.648 habitaciones, 29.985 empleados y unos ingresos de 2.114 millones de euros.
Se trata de un falso dilema, creado de forma malintencionada, el que enfrenta el mantenimiento del empleo con la defensa del bien común, el uso público y libre del dominio público, así como la conservación del medio ambiente.
La Administración estatal y autonómica deben velar por el cumplimiento de la legalidad y por el interés general.
Como así ha hecho el Defensor del Pueblo que rechazó el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirmó que los expedientes de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA en las Dunas de Corralejo, se ajustaba a derecho y debía continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona.
Estos hoteles han sido un ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura.