Tras la "bajada de defensas" que provoca la prima de riesgo, la presión de los especuladores, los cinco millones de parados, la desintegración del estado de bienestar o la dictadura de los recortes que viene de Alemania, tengo la sensación de que están operando los "virus oportunistas" del más radical conservadurismo. Asistimos al consabido espectáculo involucionista de darle hacia atrás a las agujas del reloj sin pensar que "los 80 molaban, pero sólo en música", que dice la famosa canción ochentera, recuperada por el ingenio publicitario. Cada nueva reforma encierra tal carga ideológica que uno tiende a pensar que han encontrado en la recesión económica la oportunidad perfecta para que, mientras envestimos el capote de la crisis, nos claven el estoque de la más rancia y radical ideología de la derecha, hasta el punto de dejar como progresista al gobierno del gran orador catalán en la intimidad. El aborto, la justicia y la educación son buenos ejemplos de ello y, curiosamente, los dos Ministros a los que se les suponía un mayor grado progresista en el seno del PP, Gallardón y Wert, se han destapado como los adalides del regreso al pasado.
En relación al aborto, el gobierno de Zapatero dio un paso a delante en el intento de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, evitando al máximo sumar traumas administrativos a una situación suficientemente dura en sí misma. La ley de plazos, que permitía abortar en las primeras catorce semanas de embarazo, sustituyó a ley de supuestos que contemplaba la violación, la malformación del feto y el socorrido (por ambiguo) supuesto del riesgo físico o psicológico para la madre, que no era otra cosa que un trámite traumático e hipócrita que se vino a solventar con la ley de 2010. El viaje en el tiempo de Gallardón nos retrotrae a la ley de 1985, pero con un espíritu más conservador, en la medida en que no se contempla el supuesto de la malformación del feto. Una vez más es insoportable la hipocresía paradójica de preocuparse de los derechos de los (en su terminología) no nacidos, mientras que una vez producido el hecho del parto parecen considerar que ha terminado su tarea. Así, no se plantean políticas paralelas que posibiliten las condiciones de vida de los "ya nacidos" cuando las circunstancias sociales no son precisamente propicias y no digamos de los que además nacen con cualquier tipo de incapacidad. Cabría preguntarse qué y en qué condiciones se considera vida. Para más inri, y como muestra del citado botón de la hipocresía, cuando se habla de políticas de educación sexual, el gobierno desplaza la responsabilidad a las Comunidades Autónomas alegando cuestiones de competencia.
En relación a la justicia, en 1986 el Gobierno de Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. La reforma de Gallardón extiende el pago a los particulares. Las cuantías van de los 100 euros por un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No es necesario exceder el coeficiente intelectual medio para apreciar que se pone en solfa el principio constitucional básico de la igualdad de la justicia. La imposición de pagar por un servicio discrimina entre quienes pueden y quienes no pueden pagarlo. Es más, se dan casos paradójicos como el pago de una tasa de 200 euros para reclamar una multa de 100; un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes tendría que pagar 940 euros para reclamar una cuantía de 128.000 euros; el recurso contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 500 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo, 750 euros...
Pero la reforma va más allá en la carga ideológica. Lo que se ha querido llamar cadena permanente revisable consiste en una pena de prisión perpetua que, pasados unos años, es revisada: si el preso tiene pronóstico favorable de reinserción puede acceder a la libertad; si no, sigue en prisión. En la práctica, en otros países difícilmente alguien pasa más de treinta años en la cárcel, algo que sí puede ocurrir en España: la pena máxima para los delitos más graves es de cuarenta años y existe el cumplimiento íntegro de condena. No se sabe dónde quedó la concepción de la reclusión como un instrumento reeducador y de reinserción de los reos.
Pero si hablamos de un intento de construir seres humanos ideologizados para garantizar la continuidad de los valores tradicionales, los de "toda la vida", no hay mejor instrumento que la educación "wert para creer". El modelo educativo se presenta como el gran filón para la perpetuidad de la especie conservadora. Para ello se cambia la peligrosísima Educación para la Ciudadanía por una por asignatura de Educación Cívica y Constitucional, ni que decir tiene que mucho más acorde con la ideología del "como Dios manda". A ello se une la menor participación de los padres y madres, la eliminación progresiva de comprensividad, o la segregación temprana en la ESO. Pero el intento ideologizador se delata especialmente en el fomento de la educación concertada en detrimento de la pública. Lo que subyace a esta medida es la subvención, con dinero público, de centros que en gran medida comparten la enseñanza en valores conservadores y vinculados a la Iglesia Católica, incluidos los que practiquen; no olvidemos que estamos en medio de un viaje al pasado, la segregación por sexos.
Es posible que el convulso inicio del siglo XXI nos haga sentir que vivimos en medio de un huracán económico que está modificando el paisaje hasta el punto de que desconozcamos qué mundo habitaremos cuando vuelva la calma. Pero si solo centramos la mirada en la economía corremos el riesgo de que tras la tempestad despertemos en un mundo retro, con estética y valores del pasado, sin que nos expliquemos cómo hemos realizado este viaje de retroceso en derechos y en igualdad. Los que consideramos la historia como un proceso de evolución y mejora de la sociedad y del ser humano, no podemos resignarnos a los que ejercen de freno anclados en códigos éticos de más de dos mil años. El árbol de la crisis no debe impedir que veamos el bosque de la ideología y los esfuerzos críticos deben estar encaminados a luchar contra los recortes materiales en la misma medida que contra los recortes ideológicos. Si tenemos que viajar, que sea al futuro.
Moisés González Miranda, militante del PSC-PSOE de Tacoronte
