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25 Ene

DETRÁS DE LA REFORMA DE LA LEY LOCAL ESTÁ LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Con los tiempos que corren, los cambios de la reforma local deben caminar hacia una estructura local que evite duplicidades y permita ahorrar sin perder eficacia. Dejar claras las competencias Municipales y garantizar la financiación que permita ejercer esas competencias. Nos tememos que ninguno de estos objetivos están en la mente del Gobierno de La Nación, porque realmente lo que se pretende es quitar competencias a los ayuntamientos para dárselas a las Diputaciones o Cabildos, como paso previo a la privatización de los Servicios Públicos Locales.

Los Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes quedarán sin capacidad para poder ejercer sus competencias que pasarán a depender de los Cabildos. Todo ello supone un retroceso democrático que nos devuelve a los años 70, porque traslada a las Diputaciones cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos la capacidad de decidir sobre los servicios que éstos reciben, mientras, los alcaldes electos quedan supeditados a la voluntad de la propia Diputación o Cabildo e incluso a la del Secretario/Interventor del Ayuntamiento.

Esta propuesta de reforma contempla que los Cabildos se queden con las competencias, pero que los servicios públicos se presten a través de empresas concesionarias, a las que van a dar garantía de negocio. Por ejemplo, el abastecimiento de agua, la recogida de basuras y el transporte público de viajeros se reservan para el sector público en régimen de monopolio. Así las empresas concesionarias que presten estos servicios podrán subir los precios, sin tener ningún competidor en el mercado. Ésta fórmula se podrá aplicar también a Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en determinadas circunstancias.

La Reforma mantiene la coexistencia de cuatro tipos de entidades locales junto al Municipio, por tanto, no hay ninguna simplificación de estructura local que pueda producir ahorro. Y se mantiene igualmente el solapamiento competencial. Se quieren cargar las mancomunidades, cuando realmente son la fórmula para mancomunar servicios y ahorrar el coste.

La Reforma no contiene ni prevé la elaboración de una lista cerrada y clara que determine, de una vez por todas, las competencias de los ayuntamientos. Lejos de responder a la reivindicación histórica del Municipalismo de que las competencias ejercidas cuenten con la suficiente financiación, lo que incluye la Reforma es que las CCAA pueden decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente.

El Gobierno dice que su Reforma Local permitirá ahorrar 3.500 millones de euros, pero no hay nada en su anteproyecto que implique ese ahorro. Está tratando de ocultar estos aspectos, asegurando que los temas que impiden un acuerdo son otros: la reducción de Concejales y las retribuciones de los cargos electos locales. En el fondo es una mera cortina de humo, para intentar distraer la atención de lo fundamental, y es su claro objetivo: privatizar los servicios públicos. Con la reducción de Concejales y la racionalización de las retribuciones se busca un falso argumento y no habrá ahorro, más bien todo lo contrario, porque los servicios públicos se van a prestar con un mayor coste para los ciudadanos y con menos eficacia al dejar de ser prestados por el Ayuntamientos que es la administración más cercana al ciudadano y la que mejor conoce sus necesidades.
El gobierno dice que la reducción de Concejales y la racionalización de las retribuciones produce un ahorro, y estoy totalmente de acuerdo con racionalizar las retribuciones de los cargos electos, pero con el recorte de Concejales hay un falso argumento. De los 8.116 Ayuntamientos que hay en España, 6.850 tienen menos de 5.000 habitantes, en todos ellos los Concejales no cobran o cobran muy poco, son un auténtico "batallón de voluntarios" al servicio del ciudadano. El 99% de los Concejales que están en la oposición no cobran, excepto dietas de plenos y comisiones, que en muchos casos no llegan a 80 euros al mes.
La eliminación de Concejales sólo provocará menos pluralidad y menos democracia en las instituciones. Afectará a la representatividad de los grupos minoritarios en los plenos Municipales y restará participación ciudadana. Sí se podrá conseguir un ahorro con la derogación de parte de la Ley de grandes ciudades que ha permitido engordar sin control los aparatos Municipales de las grandes ciudades, que son las que más deuda tiene contraída. Solo el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de más de 7.000 millones de euros.
Se puede racionalizar homologando los sueldos, poniendo topes salariales, regulando los que trabajan en exclusividad y las dietas de los que continúan ejerciendo su profesión. Regulando el régimen de compatibilidades
para garantizar el principio de un sueldo un político.

Y por último reiterar que de la deuda pública de las instituciones, son los Ayuntamientos los menos endeudados, sólo el 3%, y del total de la deuda de las corporaciones locales, el 99% pertenece a tres grandes Ayuntamientos. La verdadera deuda pública se encuentra en las comunidades autonómas y en el Estado. Son los Ayuntamientos los más cercanos, los más eficaces y los que más rápidos resuelven los problemas de los vecinos.

Fdo.

Juan Díaz Sánchez
Portavoz y concejal del Grupo Socialista del Municipio de Ingenio.

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